La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una histórica orden de arresto contra Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
Ambos son acusados como máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza desde octubre del año pasado.
La decisión, tomada por los jueces en La Haya tras rechazar las impugnaciones israelíes sobre la jurisdicción de la CPI, marca un hito en el debate internacional sobre el conflicto israelo-palestino.
Simultáneamente, la Corte ha emitido una orden de arresto contra Mohammed Deif, alto cargo de Hamás considerado jefe de su ala militar.
A pesar del anuncio oficial israelí sobre su muerte en un ataque aéreo realizado en junio pasado, la CPI no ha confirmado este fallecimiento.
La decisión se basa en las acusaciones de uso del hambre como método de guerra, asesinato, persecución y otros actos inhumanos perpetrados por Israel durante la operación militar lanzada tras el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel en octubre, que dejó casi 1.200 muertos y 240 secuestrados.
La CPI señala que los ataques israelíes causaron la muerte de más de 43.800 personas en Gaza, principalmente mujeres y niños.
La Sala considera que ambos privaron intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, explicó el tribunal.
Este bloqueo tuvo graves consecuencias, incluida la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación.
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha condenado la decisión de la CPI calificándola de ataque al derecho de Israel a defenderse.
Por su parte, Hamás celebró la orden de arresto como una victoria para la justicia internacional contra la entidad sionista.
La orden de arresto es vinculante para los países miembros del Estatuto de Roma, que obliga a proceder al arresto de Netanyahu en caso de que ponga un pie en su territorio.
La ejecución de la orden se complica por la falta de colaboración policial de los Estados firmantes, incluyendo a Israel y Estados Unidos.
La decisión de la CPI abre un nuevo capítulo en el conflicto israelo-palestino, con potenciales repercusiones políticas y legales que aún están por definirse.