La planta depuradora Sur de Salta enfrenta un dilema complejo: cómo garantizar el tratamiento adecuado de los efluentes en una infraestructura obsoleta mientras se desarrolla una obra monumental para duplicar su capacidad.
La situación llegó a un punto crítico con una resolución judicial que ordena a Aguas del Norte dejar de vaciar líquidos no tratados al río Arenales, medida que la empresa considera imposible de cumplir.
Las autoridades de Aguas del Norte han negado las afirmaciones sobre el 60% de efluentes sin tratamiento, argumentando que esa cifra carece de respaldo estadístico y que la eficiencia del proceso depende de factores como el oxígeno disuelto en el agua que ingresa a la planta.
Reconocen que la planta, construida en 1980, está sobrepasada por la demanda actual de una ciudad que ha experimentado un crecimiento exponencial sin mejoras significativas en las instalaciones durante décadas.
Ante esta realidad, el gobierno provincial ha impulsado una obra financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para duplicar la capacidad de tratamiento de la planta.
La obra, que incluye la optimización de la infraestructura existente y la construcción de una nueva planta con tecnología similar a la actual, se encuentra en marcha y promete aliviar la presión sobre el sistema.
No obstante, la resolución judicial plantea un desafío inmediato: cómo conciliar la necesidad de proteger el medio ambiente con la imposibilidad práctica de interrumpir el flujo de aguas residuales a través de la infraestructura existente.
Aguas del Norte argumenta que cumplir con la orden judicial llevaría al colapso de las cloacas en la ciudad, generando graves problemas sanitarios para más de 700 mil habitantes.
La empresa ha apelado la decisión y ha presentado un plan de acción para mitigar los impactos del vertimiento, pero la situación se mantiene tensa.
La controversia refleja la complejidad de gestionar los residuos urbanos en ciudades en crecimiento.
Se pone de manifiesto la necesidad de invertir en infraestructura adecuada, mejorar la planificación urbana y buscar soluciones sostenibles que protejan tanto el medio ambiente como la salud pública.