La Policía Federal brasileña ha presentado cargos formales contra el expresidente Jair Bolsonaro y 37 colaboradores por presunta participación en un intento de golpe de estado tras las elecciones presidenciales de octubre de 2022.
La acusación, detallada en un extenso informe de más de 800 páginas, incluye delitos como la abolición violenta del Estado de derecho, el intento de golpe de estado y la organización criminal.
El documento recopila una amplia gama de pruebas, incluyendo registros bancarios y telefónicos, declaraciones de testigos, detenciones y otros datos recolectados durante dos años de investigación.
La información será remitida al juez Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo, quien tiene a su cargo el proceso judicial.
Bolsonaro, por su parte, ha rechazado las acusaciones calificándolas como creativas y fruto de la influencia política del juez de Moraes.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, el expresidente afirmó que el magistrado se comporta con excesiva intervención en la investigación, utilizando tácticas para obtener pruebas sin fundamento legal.
De Bolsonaro, figuran entre los acusados su exministro de Defensa, Walter Braga Netto; el exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagem; el exjefe de Seguridad de la Presidencia Augusto Heleno Ribeiro; y el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto.
Todos enfrentan cargos que podrían acarrear penas de hasta 12 años de prisión por intento de golpe de estado, hasta ocho años por pertenencia a banda criminal y hasta ocho años más por abolición violenta del Estado de derecho.
La investigación apunta a una compleja trama que involucra desinformación para atacar las instituciones, cuestionar la legitimidad del proceso electoral e incitar a los militares a intervenir en el gobierno.
Se está analizando también la financiación de estas acciones, así como las operaciones llevadas a cabo y el uso ilegal de la agencia de Inteligencia.
Un punto crucial del caso se centra en las reuniones entre el círculo cercano de Bolsonaro y altos mandos militares.
Dos de ellos, los entonces comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, Marco Antônio Freire Gomes y Carlos de Almeida Baptista Júnior, declararon ante la Policía que el plan de golpe contaba con el apoyo del expresidente.
Estas afirmaciones coinciden con las declaraciones del coronel Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, quien colaboró con las autoridades tras su arresto por falsificación de cartillas de vacunación contra el COVID-19.
El informe policial destaca un encuentro en el Palacio de la Alvorada el 7 de diciembre de 2022, cercano al final del mandato de Bolsonaro y a pesar de que Lula da Silva había ganado las elecciones.
Según el general Freire Gomes, durante este encuentro se leyó un plan de acción aprobado por el entonces comandante de la Marina, Almir Garnier Santos, quien también está acusado.
Se sostiene que existen indicios de que Bolsonaro participó en la redacción de un decreto con el objetivo de obstruir la transición de poder.
El documento será examinado por el Supremo antes de llegar a la Fiscalía, quien decidirá su futuro legal.