En un fallo dividido, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N1 de Salta resolvió el sobreseimiento del empresario Matías Huergo y otros ocho imputados acusados de formar una organización criminal dedicada a defraudar al fisco mediante la emisión de facturas falsas.
La decisión se basó en la adhesión de los acusados a la Ley de Blanqueo de Capitales, impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La resolución fue tomada en mayoría por los jueces Marta Liliana Snopek y Marcelo Juárez Almaraz, mientras que el camarista Federico Santiago Díaz emitió un voto en contra del sobreseimiento.
El caso, que había sido enviado a juicio oral en octubre de 2021 por el juez federal Julio Bavio, involucraba también a Aníbal Anaquín, Gerardo Romero, Héctor Silva, Mimessi Sormani, Juan Llanos, Rubén Romero, Francisco Antonio Guzmán Garriga y Oscar Matías Esliman.
Según estimaciones de la Dirección General Impositiva (DGI), la banda habría evadido aproximadamente 100 millones de pesos en IVA durante el período investigado a través de la emisión de facturas truchas.
Se sospecha además que la organización defraudó al Estado provincial y municipal con la sobrefacturación de obras y el cobro por trabajos no realizados.
A pesar del fallo, la situación jurídica de los acusados aún es incierta.El fiscal del caso anunció su intención de presentar un recurso de casación, lo que llevará la decisión a un tribunal de mayor instancia.
La aplicación de esta ley en casos de evasión fiscal plantea serias dudas sobre su efectividad en la lucha contra el delito, declaró a este diario un reconocido jurista especializado en derecho tributario quien prefirió mantener su anonimato.
Es necesario analizar si la amnistía otorgada por la Ley de Blanqueo de Capitales desincentiva la persecución penal de aquellos que cometen fraudes fiscales.
El caso ha generado gran controversia en el ámbito legal y político, con voces que cuestionan la posible impunidad para los acusados a pesar de su presunta participación en un esquema de defraudación sistemática al Estado.