Una sentencia judicial ha condenado a siete personas por su participación en una trama delictiva que involucró la estafa reiterada de compradores de propiedades inmobiliarias.
Los imputados, cuatro hermanos y otras tres personas, fueron hallados culpables de ejecutar maniobras engañosas mediante la simulación de negocios inmobiliarios para obtener ganancias ilícitas.
La investigación judicial, liderada por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, reveló que los acusados actuaban de forma coordinada para perpetrar sus delitos.
Publicaban anuncios en redes sociales y clasificados de diarios locales ofreciendo la venta de lotes y casas bajo el velo de una empresa inmobiliaria legítima.
Para llevar a cabo su esquema fraudulento, los imputados presentaban documentación falsa que supuestamente acreditaba la titularidad de las propiedades, engañando a potenciales compradores para que creyeran en la legitimidad de la transacción.
Este artificio les permitía obtener pagos sin entregar los inmuebles prometidos, causando un perjuicio económico significativo a sus víctimas.
Las víctimas, confiadas por el aparente proceso legal y la documentación falsa, entregaban el dinero sin recibir nunca la propiedad real, explicó la fiscal Salinas Odorisio durante el juicio abreviado.
El modus operandi de los acusados se centraba en la captación de clientes potenciales mediante publicaciones en Facebook, donde ofrecían imágenes de terrenos y planes de financiación atractivos.
Bajo el nombre ficticio LE Asociados, convencían a los interesados con promesas de beneficios económicos, llegando a concretar reuniones con los compradores para simular transacciones legales y sellar acuerdos con documentos falsificados.
El caso ha generado una profunda repercusión social, exponiendo la vulnerabilidad de los ciudadanos ante modalidades delictivas que aprovechan la confianza y el deseo de adquirir propiedades.
Las autoridades han destacado la importancia de investigar a fondo estos casos para proteger a la ciudadanía de fraudes inmobiliarios y castigar a quienes se lucran ilegalmente con el patrimonio de otros.