La Fiscalía de Milán ha sacudido al país con la revelación de una red criminal dedicada al espionaje masivo a personalidades italianas, incluyendo a figuras prominentes como la primera ministra Giorgia Meloni, empresarios influyentes y altos cargos públicos.
La investigación, que ha llevado a la detención de seis individuos, apunta a un entramado sofisticado respaldado por miembros de la mafia, funcionarios corruptos y posiblemente servicios secretos extranjeros.
El fiscal Francesco De Tommasi describe en su solicitud de prisión preventiva a los sospechosos como sujetos con un apoyo de alto nivel en diversos ámbitos, incluyendo el de la mafia y el de servicios secretos, tanto nacionales como extranjeros.
De Tommasi agrega que los miembros de la red se jactaban de poder influir en investigaciones judiciales, bloqueando iniciativas legales y manipulando procesos.
La estructura de esta red criminal es compleja y descentralizada, con una amplia red de contactos en instituciones gubernamentales, fuerzas del orden y entidades financieras.
Según el fiscal, cada miembro del grupo tiene vínculos con otros individuos dentro de la policía, administraciones públicas y sectores privados, lo que les permite obtener información confidencial y sensible de manera ilícita.
Las autoridades han confirmado que los hackers lograron acceder a miles de documentos y comunicaciones confidenciales, incluyendo datos financieros, fiscales y personales.
Se estima que el grupo ha recopilado 800.000 archivos de la base de datos central de la policía sobre antecedentes penales.
Entre las víctimas del espionaje se encuentran la primera ministra Meloni, su hermana Arianna y su ex pareja Andrea Giambruno.
La red incluso habría accedido a información perteneciente al presidente Sergio Mattarella.
Esta investigación pone de manifiesto la gravedad de la amenaza que representan estas redes criminales, afirma un experto en ciberseguridad.
No solo violan la privacidad de individuos inocentes, sino que también socavan la democracia y el estado de derecho.
El caso ha generado una profunda consternación pública en Italia, donde se exige justicia y medidas contundentes para combatir este tipo de actividades delictivas.