En un giro inesperado, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al proyecto de ley que busca establecer límites a los incrementos tarifarios de agua y luz en la provincia.
La iniciativa, que ahora retorna al Senado para su evaluación final, contempla además una disposición polémica: permitir el cobro de tasas e impuestos municipales en las boletas de servicios públicos.
Esta medida, impulsada por diputados oficialistas a pedido de intendentes del interior provincial, busca contrarrestar las directrices emitidas recientemente por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, quien prohibió el cobro de tasas municipales en las boletas de luz o gas.
El objetivo es asegurar la recaudación de recursos por parte de los municipios y evitar un impacto negativo en sus finanzas.
El proyecto original buscaba limitar los aumentos tarifarios al índice de precios al consumidor (IPC) publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
A través del artículo 1º de la ley, se establece que las actualizaciones tarifarias para agua potable, desagües cloacales y el Valor Agregado de Distribución (VAD) del servicio eléctrico no podrán superar el acumulado del coeficiente de variación del IPC.
La diputada Laura Cartuccia, durante su intervención en la sesión, resaltó que esta norma garantizaría que los aumentos tarifarios no se salgan del control y se mantengan dentro de un marco razonable.
A partir de esta ley, las actualizaciones no podrán superar el 2 por ciento, afirmó.
la inclusión del artículo 3º, que permite el cobro de tasas e impuestos municipales en las boletas de servicios públicos, ha generado controversia.
Los detractores argumentan que esta medida aumenta la carga financiera sobre los consumidores y perpetúa un sistema tarifario complejo e ineficiente.
Reacciones Divergentes ante la Modificación del Proyecto
La aprobación del proyecto con la inclusión del artículo 3º ha generado una diversidad de reacciones en el ámbito político, social y económico.
Diversos sectores expresaron su preocupación por las implicaciones de esta medida para los usuarios finales, quienes podrían verse obligados a asumir un mayor costo por la prestación de servicios públicos esenciales.
Representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de acceso a servicios básicos se manifestaron en contra del cobro de tasas municipales en las boletas de luz, argumentando que este mecanismo agrava la situación económica de los sectores más vulnerables de la población.
Es inaceptable que los usuarios finales tengan que asumir el peso financiero de las necesidades presupuestarias de los municipios, manifestó la directora ejecutiva de una organización dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores.
Se necesita un sistema tarifario justo y transparente, que no penalice a quienes menos pueden pagar.
Por otro lado, intendentes del interior provincial defendieron la medida, argumentando que es necesaria para asegurar la financiación de programas y servicios esenciales en sus jurisdicciones.
Las municipalidades necesitan recursos para poder atender las necesidades de sus habitantes, manifestó el intendente de un municipio del interior provincial.
El cobro de tasas municipales en las boletas de luz nos permite financiar obras, infraestructura y programas sociales.
Implicaciones Económicas y Sociales de la Modificación
La aprobación del proyecto de ley con la inclusión del artículo 3º tiene importantes implicaciones económicas y sociales para la provincia.
Se espera que el cobro de tasas municipales en las boletas de luz aumente la carga financiera sobre los usuarios, especialmente aquellos con bajos ingresos.
Esto podría llevar a una disminución en el consumo de energía eléctrica, lo cual tendría un impacto negativo en la economía provincial.
Se teme que la medida genere conflictos entre municipios y empresas prestatarias de servicios públicos.
Las autoridades provinciales deberán encontrar mecanismos para garantizar la transparencia en la aplicación del artículo 3º y evitar abusos por parte de las empresas prestadoras de servicios.
La decisión final sobre el proyecto de ley recae ahora en el Senado, que deberá evaluar cuidadosamente todas las implicaciones de esta medida polémica.