El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza se encuentra analizando la propuesta de cesión de dos áreas petroleras pertenecientes a YPF, específicamente en el clúster Llancanelo.

Esta acción se enmarca en el Proyecto Andes, programa impulsado por la empresa estatal para desprenderse de 55 áreas maduras en diferentes provincias del país.

Si bien se esperaba que los tres contratos relacionados con el Proyecto Andes ya estuvieran en proceso de análisis, solo el referente al clúster Llancanelo ha sido presentado formalmente a la cartera energética provincial.

Actualmente estamos trabajando en el análisis de la cesión de las áreas de Llancanelo a Petroquímicos Comodoro Rivadavia (PCR), confirmó un vocero del Ministerio de Energía y Ambiente.

Este proceso es meticuloso, ya que debemos considerar diversos factores, como el proyecto de inversión vigente presentado por YPF en 2019, que implica una reducción de regalías para la extracción en esta zona.

El área petrolera en cuestión se encuentra cerca de la ciudad de Malargüe y produce aproximadamente 1.818 barriles diarios de crudo pesado con un API de 12 grados y viscosidad de hasta 10 mil centipoise.

La producción de gas asciende a 2 km3 al día.
El contrato con PCR implica que la nueva empresa adquirirá los derechos sobre las áreas petroleras, incluyendo el compromiso con el proyecto de inversión vigente junto con la reducción de regalías acordada con YPF.

Mientras tanto, se espera la presentación formal de los contratos correspondientes a los clústeres Mendoza Norte y Mendoza Sur.

Los ganadores del Proyecto Andes en estos clústers son Petróleos Sudamericanos (Mendoza Norte) y un consorcio integrado por Quintana y TSB (Mendoza Sur), respectivamente.

Estamos trabajando con cada una de las empresas para finalizar los detalles del proyecto y presentarlos al Gobierno provincial para su aprobación, señaló el vocero del Ministerio.

La cesión de áreas petroleras maduras a privados es un tema complejo que genera expectativas y preocupaciones en la provincia.

Se espera que estos contratos generen beneficios económicos, pero también se busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales.