Marcelo Torrico, condenado por el asesinato, secuestro y tortura de los pequeños hermanos Leguina, se acerca al final de su condena de 25 años.
Si bien la fecha límite de cumplimiento de la pena llega próximamente, una serie de etapas previas a la libertad condicional lo mantendrán en prisión por un año más, aproximadamente.
La jueza Ada Zunino, responsable del caso, aclaró que Torrico deberá cumplir con ciertas actividades como salidas al patio del penal, régimen semiabierto y posteriormente libertad condicional antes de obtener su alta progresiva.
Se trata de procedimientos necesarios para una transición ordenada hacia la vida en libertad, explicó la magistrada a este medio.
El caso presenta interrogantes sobre el impacto potencial de la liberación de Torrico en la sociedad.
Una pericia psicológica realizada hace tres meses reveló que el condenado padece temores y desconfianza, además de depender de 20 medicamentos debido a un Accidente Cerebro Vascular sufrido en prisión.
En declaraciones recientes, Torrico expresó su deseo de iniciar las etapas de libertad condicional fuera de la provincia donde reside actualmente, argumentando que no quiere poner en riesgo la seguridad de su familia.
A pesar del tiempo transcurrido, el caso sigue generando conmoción y debate público, recordando a la comunidad el brutal crimen que marcó una época.
El análisis psicológico del condenado destaca un posible conflicto interno: por un lado, la posibilidad de reinserción social y la búsqueda de redención; por otro, los miedos, traumas y las secuelas físicas que lo acompañan.
Es fundamental garantizar la seguridad ciudadana sin perder de vista el derecho a una segunda oportunidad, señala un experto en criminología consultado para este medio.
Se requiere una evaluación exhaustiva del riesgo potencial, un plan de reinserción social adecuado y un seguimiento constante para asegurar que Torrico pueda cumplir con las normas de libertad condicional y evitar futuros delitos.
El caso de Marcelo Torrico es un recordatorio de la complejidad de la justicia penal y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la seguridad ciudadana y la posibilidad de reintegración social de los condenados.