Un manto de preocupación envuelve a las comunidades indígenas ava guaraní y productores del departamento salteño de San Martín.
Su tierra, tradicionalmente habitada por ellos, se encuentra bajo amenaza constante por la invasión territorial proveniente de Bolivia, un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años, con la complicidad de una aparente indiferencia por parte de las autoridades argentinas.
La Cancillería boliviana, a través de documentos oficiales y comunicaciones internas, ha reconocido la existencia de dicha intrusión, desmentindo cualquier pretensión sobre el territorio argentino.
En Argentina, las respuestas ante las denuncias han sido escasas y tardías, dejando a los afectados desprotegidos frente a una realidad cada vez más preocupante.
Nos sentimos abandonados por el Estado argentino, expresa un miembro de la comunidad ava guaraní Tape Iguapegui, su voz cargada de frustración.
Cada día vemos cómo nuestros tierras son invadidas, nuestros derechos vulnerados y nuestro sustento amenazado, pero no recibimos la protección que mereceríamos.
Las denuncias se han multiplicado en las últimas semanas, alertando sobre la tala indiscriminada de selvas ribereñas a lo largo del río Grande de Tarija, un acto que no solo degrada el medio ambiente sino que también afecta directamente la seguridad alimentaria y económica de los pobladores locales.
Se estima que ya se han desmontando más de 2500 hectáreas de bosques, dejando al descubierto una extensa red de contrabando de caña de azúcar hacia Bolivia.
El volumen de este tráfico ilegal es alarmantes: se calcula que se contrabanda alrededor de 150.000 toneladas de caña de azúcar al año, generando pérdidas millonarias para el Estado argentino y erosionando la economía local.
A pesar de las evidencias, la intervención de los organismos competentes ha sido insuficiente.
Nos dijeron que iban a intervenir, pero nada ha cambiado, afirma otro integrante de la comunidad ava guaraní.
Los camiones siguen entrando y saliendo con la caña ilegal como si no pasara nada.¿Cuándo van a hacer algo para detener esta situación?.
La gravedad del problema se acentúa por la violencia que acompaña a la invasión territorial. Horacio Cruz Castro, líder de un grupo de cañeros bermejeños, ha sido acusado por los originarios de El Trementinal de intimidación y amenazas con armas de fuego.
Se le atribuye la promoción de una demanda falsa en Bolivia, donde acusa a los habitantes del lugar de haber turbado el Valle Dorado, una supuesta isla ubicada en territorio boliviano que no existe.
La Cancillería boliviana ha aclarado en reiteradas ocasiones que las coordenadas mencionadas por Cruz Castro corresponden al territorio argentino, desmintiendo cualquier pretensión sobre la soberanía del lugar.
Esta situación pone de manifiesto una preocupante realidad: la falta de acción por parte de las autoridades argentinas ante la invasión territorial y el contrabando.
Mientras Bolivia reconoce la situación y busca proteger su soberanía, Argentina permanece en silencio, dejando a sus propios ciudadanos expuestos al riesgo y la violencia.
La comunidad internacional ha comenzado a tomar nota de esta crisis.Organizaciones no gubernamentales (ONG) que se dedican a la defensa de los derechos humanos e indígenas han expresado su preocupación por la situación en San Martín y han llamado a las autoridades argentinas a tomar medidas urgentes para detener la invasión y proteger a la población local.
La comunidad internacional exige respuestas.Las autoridades argentinas deben responder ante esta crisis, tomando acciones concretas para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, la protección de su territorio y el respeto por los derechos humanos.
La inacción no es una opción.El futuro de San Martín, y del propio país, depende de que se actúe con determinación y responsabilidad.
Es imperativo que el Estado argentino asuma su rol como garante de la soberanía nacional e implemente medidas contundentes para detener la invasión, frenar el contrabando y proteger a sus ciudadanos.
La comunidad internacional está observando atentamente la situación y espera respuestas concretas y efectivas del gobierno argentino.