La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán se encuentra envuelta en una profunda crisis judicial, donde las causas penales languidecen sin avances significativos debido a la situación procesal de los jueces Claudio Parisi y Francisco Oyarzú.

La suspensión provisional del juez Parisi, quien enfrenta cargos por mal desempeño en cuatro causas judiciales, incluyendo el entorpecimiento de la investigación del homicidio del hermano del exintendente de Aguas Blancas, Carlos Conejo Martínez, ha generado un efecto dominó que paraliza el sistema judicial local.

Este vacío legal se suma a las denuncias en contra del juez Oyarzú, quien también está bajo sospecha de irregularidades en la gestión de casos y fue acusado ante el Jurado de Enjuiciamiento por el Procurador General de la Provincia, Pedro Castiella.

La ausencia de ambos magistrados ha generado un cúmulo de expedientes sin resolución a la vista, provocando indignación y frustración entre las familias de los detenidos.

Llevo ocho meses esperando justicia, afirmó María José Palacios, esposa de Pedro Horacio Beleizán, quien se encuentra bajo prisión preventiva acusado de pertenencia a una banda dedicada al robo de vehículos.

Palacios denunció que la lentitud del proceso judicial le obligó a cambiar de abogado debido a la vencimiento de plazos para la presentación de pruebas.

El caso de Beleizán ilustra la grave situación que afecta a numerosos expedientes en Orán.La Fiscalía Penal 2, liderada por Mariana Torres, solicitó la elevación a juicio del expediente contra Beleizán el pasado 11 de septiembre, pero la defensa liderada por Lucinda Segovia no logró obtener una revisión de su prisión preventiva.

La incertidumbre y la falta de respuestas legales han generado un clima de angustia e impotencia en las familias que esperan justicia.

No podemos seguir esperando indefinidamente, expresó Palacios, quien junto a otras esposas de detenidos se manifestó frente a Ciudad Judicial de Orán, exigiendo una pronta reactivación de los expedientes.

La crisis judicial en Orán no solo afecta el acceso a la justicia para los ciudadanos, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y amenaza la estabilidad del sistema legal local.

Se requiere una pronta solución a esta situación para garantizar que todos tengan acceso a un juicio justo y transparente.