El Congreso Nacional ratificó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, desatando una ola de críticas por parte de gremios docentes y organizaciones estudiantiles.
La decisión, que contó con el apoyo de oficialistas del PRO y CREO, junto a legisladores radicales y tucumanos, frustró los esfuerzos de la oposición para revertir la medida impulsada por el presidente Javier Milei.
La votación finalizó con un resultado de 159 votos a favor de la ley y 85 en contra, sin alcanzar los dos tercios necesarios para anular el veto presidencial.
El presidente de la cámara baja, Martín Menem, explicó al momento de la votación: El que vote por la afirmativa, insiste con la sanción del proyecto.
Los que voten por la negativa, acuerdan con el veto total del Poder Ejecutivo.
La propuesta legislativa buscaba reformar el sistema de financiamiento de las universidades públicas a través de una serie de mecanismos destinados a asegurar su sostenibilidad financiera.
Milei argumentó que la ley representaba una intervención excesiva del Estado en la educación y que sus fondos serían utilizados para fines no académicos.
Toman una causa noble y la prostituyen para robarles dinero a los estudiantes, expresó el mandatario durante un discurso ante la Asamblea Plenaria CEAL, minutos antes de la votación en el Congreso.
La decisión del gobierno ha generado una profunda preocupación en el sector educativo, que teme consecuencias negativas para la calidad de la enseñanza superior.
Esta medida es un ataque directo al futuro de millones de jóvenes que buscan acceder a una educación pública de calidad, declaró Germán Martínez, diputado del Frente de Todos y uno de los impulsores de la ley.
Gremios docentes y organizaciones estudiantiles han convocado a protestas en las próximas semanas para expresar su rechazo al veto presidencial.
Se espera que la controversia continúe generando debates acalorados en el ámbito político y social, con repercusiones significativas en el futuro del sistema universitario argentino.