El Tribunal de Impugnación de Salta tomó la decisión de conceder la prisión domiciliaria al ex sacerdote Rosa Torino, condenado por abusos sexuales cometidos entre los años 2009 y 2012.
La Sala I del tribunal fundamentó su resolución en un informe médico que determina que Torino padece graves problemas de salud, con alto riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares y sin condiciones para permanecer en prisión.
El estado físico del ex cura es delicado, su edad avanzada y el consumo constante de medicamentos lo hacen particularmente vulnerable, declaró un miembro del tribunal quien pidió mantener el anonimato.
La defensa argumentó además que las instalaciones penitenciarias no garantizan un acceso adecuado a los tratamientos médicos necesarios para Torino.
Esta decisión ha generado una controversia notable.La condena contra Torino se basó en la contundencia de los testimonios de una ex monja y dos ex seminaristas, quienes denunciaron abusos sexuales durante su tiempo en la congregación religiosa Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, institución que fue intervenida por el Vaticano tras conocerse el escándalo.
La defensa del ex cura ha solicitado reiteradamente la prisión domiciliaria desde que se conoció la condena en el año 2021.
En mayo de 2023, la Sala IV del Tribunal de Juicio rechazó este pedido, argumentando que Torino no cumplía con los requisitos para acceder al beneficio.
En junio de 2023, la apelación ante el Tribunal de Impugnación tampoco tuvo éxito.Posteriormente, la defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad en julio del mismo año, el cual también fue rechazado.
Finalmente, a principios de 2024, la Corte de Justicia dio lugar a un recurso de queja presentado por la defensa, ordenando un nuevo fallo sobre la prisión domiciliaria y solicitando nuevos informes médicos sobre el estado de salud de Torino.
El nuevo informe médico, presentado en julio de este año, detalla los agravantes del estado de salud de Torino, lo cual ha influenciado la decisión final del Tribunal de Impugnación.
La resolución ha generado diversas reacciones entre las víctimas y sus familias quienes expresan su desazón por la decisión judicial.
Es una herida abierta para nosotros, afirma una de las ex seminaristas, quien prefiere mantener el anonimato.
Después de todo lo que hemos pasado, ver al agresor en libertad es un golpe duro.
El caso ha puesto nuevamente en debate la justicia para los sobrevivientes de abusos sexuales y la necesidad de mecanismos efectivos para prevenir y sancionar estos delitos.