El anuncio oficial por parte del Gobierno Nacional de la privatización de Belgrano Cargas, administradora del sistema ferroviario, ha generado una ola de reacciones en las provincias del norte argentino.
El gobernador Gustavo Sáenz se pronunció al respecto, solicitando que la administración del servicio sea traspasada a los gobiernos provinciales para abaratar costos y favorecer el desarrollo económico regional.
Vamos a hacer un planteo para ver si eso lo pueden tener las provincias, expresó Sáenz, enfatizando la necesidad de controlar los gastos del flete, una barrera crucial para las economías regionales que dependen del transporte de sus productos a mercados más amplios.
El ministro Martín de los Ríos, en diálogo con esta publicación, explicó que el planteo no es exclusivo de Salta, sino que agrupa a los gobernadores del Norte Grande que buscan tener injerencia en los cambios que se implementarán en el sistema ferroviario.
La idea es ver si la provincia puede hacerse cargo del proceso de reactivación, precisó De los Ríos, aclarando que no se trata de una inversión directa de las provincias en infraestructura vial o material rodante.
Lo que buscan es la potestad sobre la infraestructura vial para poder organizar el mejor funcionamiento del tren a nivel local.
El modelo de privatización propuesto por Nación prevé concesiones de los ramales a empresas privadas, quienes administrarían el servicio a cambio de un peaje por su uso.
Este punto genera preocupación en las provincias, especialmente en Salta, donde la producción está rehenes del costo del transporte.
De los Ríos reconoce que desde la provincia ya tomaron contacto con el Ente encargado de llevar adelante la privatización del servicio.
La incertidumbre sobre los precios futuros del peaje y su impacto en la competitividad del flete ferroviario es una constante que preocupa al gobierno provincial.
Para nosotros es muy sensible el tema de la infraestructura vial, manifestó De los Ríos, destacando la necesidad de estar en esa mesa de negociación para garantizar condiciones accesibles para los productores regionales.
La posibilidad de regular los peajes a través del control de las concesiones por parte de las provincias se presenta como una solución clave para evitar que la privatización desincentive la producción y el desarrollo económico local.
