Caracas – El Helicoide, un imponente edificio proyectado como un centro comercial y hotel de lujo en los años 60, se ha transformado en un sombrío escenario de tortura y represión para disidentes políticos bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Lo que era destinado a ser un símbolo de progreso y modernidad se ha convertido en una pesadilla viviente donde miles han sufrido abusos sistemáticos y violaciones a sus derechos humanos.
El Helicoide es uno de los centros de tortura más grandes de América, denuncia Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López.
No son presos políticos, sino secuestrados de Maduro. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch confirman estas afirmaciones, denunciando la detención arbitraria de activistas y opositores al régimen venezolano en este complejo ubicado en un cerro de Caracas.
Se estima que alrededor de 70 personas se encuentran actualmente recluidas en el Helicoide, aunque cifras de organizaciones humanitarias sugieren que más de 15.000 individuos han pasado por sus celdas desde su conversión en centro de detención en 2009.
El edificio inacabado alberga el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), responsable de la represión política y persecución a disidentes.
Vi gente cubierta en sangre, otros amarrados, algunos inconscientes, relata Rosmit Mantilla, quien fue detenido en 2014 acusado de financiar las protestas contra el gobierno de Maduro.
Tenían la cara tapada con periódico, pero escuché a un guardia pedirle a otro el revólver.Te vamos a matar, decían.
Y se reían.
El caso de Daniela Figueredo, una joven de 19 años fallecida en marzo de 2021 tras ser baleada por un funcionario policial dentro del calabozo, ha conmocionado al mundo.
Organizaciones como Una Ventana a la Libertad denuncian que Daniela fue víctima de abuso sexual y asesinato mientras se encontraba bajo custodia.
Este trágico incidente revela el clima de impunidad que prevalece en el Helicoide.
El acceso a este centro de detención por parte de organizaciones internacionales ha sido limitado, evidenciando la intención del gobierno venezolano de ocultar las condiciones deplorables que allí imperan.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha denunciado la falta de acceso a centros como el Helicoide y Boleíta, así como a centros de detención militar, donde se encuentran detenidos arbitrariamente por motivos políticos.
El caso del Helicoide representa una grave violación de los derechos humanos en Venezuela y un desafío a la comunidad internacional.
La impunidad que rodea a los abusos cometidos dentro de sus muros es inaceptable y exige una respuesta contundente para garantizar el fin de la tortura y la represión en el país.
