Si bien algunos Estados miembros, liderados por Italia, abogan por esta medida como una solución para controlar los flujos migratorios, otros, como España, la rechazan rotundamente, considerándola una medida coyuntural que ignora los derechos fundamentales de los migrantes.
La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, confirmó en un debate reciente en el Parlamento Europeo que varios países están explorando la posibilidad de crear estos centros fuera de la UE, aunque matizó que se prestaría especial atención al respeto de los derechos humanos.
Esta propuesta ha generado una profunda división entre los Estados miembros.
Italia, con el apoyo de países como Dinamarca, Países Bajos, Austria, Chipre, Polonia, República Checa, Grecia, Hungría, Malta y Eslovaquia, busca soluciones alternativas para la gestión migratoria, incluyendo la posibilidad de trasladar centros de deportación a terceros países.
Giorgia Meloni, primera ministra italiana, incluso llegó a un acuerdo con Albania para la construcción de uno de estos centros, aunque una sentencia judicial reciente declaró el acuerdo ilegal.
España, junto con los países bálticos, se ha opuesto firmemente a esta propuesta, considerando que no es la solución adecuada al problema migratorio.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha destacado en varias ocasiones la importancia de abordar la migración de forma ordenada, responsable y con respeto a los derechos humanos.
El debate se centra en las competencias de la UE para establecer estos centros fuera de sus fronteras.
La Comisión Europea, aunque no descarta la posibilidad, reconoce que actualmente no tiene competencia para llevar a cabo esta iniciativa, dejando la responsabilidad en manos de los Estados miembros.
La controversia ha trascendido el ámbito político y ha generado un intenso debate social sobre la ética y la legalidad de estos centros de deportación.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su preocupación por las posibles violaciones de los derechos fundamentales de los migrantes, mientras que algunos sectores de la sociedad abogan por medidas más duras para controlar la inmigración.
La situación actual evidencia la necesidad de un consenso europeo sobre la gestión migratoria, que aborde el problema de forma integral y con respeto a los derechos humanos.
La búsqueda de soluciones rápidas y fáciles como la creación de centros de deportación fuera de la UE puede tener consecuencias negativas a largo plazo, tanto para los migrantes como para la propia Unión Europea.
