El presidente Javier Milei ha dispuesto que el Sistema Integrado de Gestión Ejecutiva Nacional (SIGEN), un organismo del Poder Ejecutivo, realice auditorías a las universidades nacionales.
Esta decisión rompe con la tradición en la que únicamente la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso, podía llevar adelante este tipo de inspecciones.
El cambio ha generado polémica y críticas desde diversos sectores.
El dictamen que avala esta medida fue firmado por el actual procurador del Tesoro, quien argumenta que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera se aplica a las universidades nacionales sin vulnerar su autonomía.
Esta postura revierte la resolución emitida en 2022 por el entonces procurador Carlos Zannini, quien había determinado que las universidades estaban exentas de esta normativa.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, celebró la decisión al destacar que logramos revertir la norma que impulsó Carlos Zannini para evitar que el Gobierno Nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales.
Críticos cuestionan la legitimidad del proceso y expresan preocupación sobre la posible interferencia política en la gestión universitaria.
La polémica surge en un contexto de fuertes tensiones entre el gobierno y el sector universitario.
Milei ha acusado a las universidades de falta de transparencia en sus finanzas, argumentando que no quieren ser auditados los que están sucios.
Esta acusación coincide con una ola de protestas estudiantiles en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo, que busca reformar el sistema de financiamiento universitario.
Las tomas y movilizaciones estudiantiles se extienden por más de 80 facultades a nivel nacional, evidenciando un fuerte malestar en la comunidad universitaria ante las políticas del gobierno en materia educativa.
El futuro de las universidades nacionales se encuentra en vilo, con la incertidumbre sobre el impacto que tendrán las auditorías y la tensión política entre el Ejecutivo y el sector académico.
