Los estudiantes, agrupados en el movimiento Asamblea Interfacultades, exigen una mayor inversión financiera para las universidades nacionales.
El conflicto surge como consecuencia del proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el gobierno nacional al Congreso.
Este propone un financiamiento equivalente al 53% de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional, cantidad que los estudiantes consideran insuficiente para garantizar la operación normal de las instituciones y el desarrollo de programas de asistencia a los alumnos, muchos de ellos provenientes de sectores vulnerables.
El proyecto de presupuesto actual es una falta de compromiso con la educación pública, declaró un estudiante en representación del movimiento Asamblea Interfacultades.
La universidad debe ser un espacio de acceso a la cultura y al conocimiento para todos, pero sin financiamiento adecuado esto se vuelve imposible.
En respuesta a las protestas, el Rectorado de la UNCuyo ha expresado su disposición a mantener una comunicación fluida con los estudiantes.
Han insistido en buscar alternativas a la ocupación de espacios universitarios.Buscamos soluciones pacíficas y constructivas, señaló un vocero del Rectorado.
Reclamamos al gobierno nacional que atienda nuestras necesidades y participe en un diálogo honesto para asegurar el futuro de la educación pública.
La situación se agrava con la confirmación por parte del gobierno de Javier Milei de que la Sindicatura General de la Nación llevará adelante auditorías a las universidades, comenzando con la Universidad Tecnológica Nacional en Mendoza.
Esta medida genera incertidumbre e indignación entre los estudiantes, quienes ven en ella una estrategia para desprestigiar a la educación pública y justificar el recorte del presupuesto.
Las auditorías son un instrumento de control político que busca generar miedo y desmoralizar a la comunidad universitaria, expresó un docente consultado por este medio.
El conflicto en la UNCuyo refleja una problemática generalizada que afecta a las universidades nacionales a nivel país.
La falta de financiamiento adecuado pone en riesgo la calidad educativa, limita el desarrollo de investigación e innovación y genera incertidumbre entre la comunidad académica.
El futuro del sistema educativo público depende de que se establezca un diálogo transparente y constructivo para asegurar su sostenibilidad.
