La provincia de Salta se convirtió en epicentro de una preocupante situación tras la detección de un plan conspirativo dirigido contra el Procurador General, Pedro García Castiella.
Este hecho ha generado un profundo rechazo por parte del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, quienes han condenado enérgicamente este ataque a una figura fundamental en la lucha contra el crimen organizado.
Las autoridades señalan que las amenazas están directamente relacionadas con la férrea postura de García Castiella en su combate al narcotráfico, evidenciando un intento por desestabilizar las instituciones salteñas y silenciar la voz de quienes se oponen al crimen.
Este reciente ataque es una prueba de que se está siguiendo el camino correcto, afirma la declaración conjunta de los Consejos.
La Asociación Argentina de Fiscales (AAF), también ha expresado su apoyo a García Castiella y a todos los fiscales afectados por este siniestro plan.
No es suficiente un despliegue de seguridad pasiva; se requiere una proactividad en la investigación y en la recolección de información inteligencia, sostiene la AAF, instando a la creación de políticas públicas que garanticen la protección integral de los fiscales, sus familias y colaboradores.
En línea con esta postura, el procurador García Castiella confirmó los hechos, señalando que se ha estado trabajando en silencio para permitir que la investigación avanzara sin interferencias.
Este es un trabajo coordinado, donde no se dejará que el crimen organizado eche raíces, afirmó el Procurador, quien además recalcó la importancia de las tareas de inteligencia en este tipo de casos.
García Castiella ha denunciado la ambición del crimen organizado por controlar las intendencias del norte del país y ha alertado sobre la infiltración de narcocriminales en las instituciones estatales.
Hay intendentes comprometidos en las investigaciones criminales, reveló, instando a que los tres poderes del Estado trabajen unidos para combatir esta amenaza que se extiende más allá de los decomisos de drogas y golpes a estructuras delictivas.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un enfoque integral que ataque las raíces del problema, desmantelando redes financieras, identificando cómplices en el poder y garantizando la seguridad de quienes luchan contra la criminalidad.
El llamado a la unidad entre las instituciones, los poderes públicos y la sociedad civil es crucial para enfrentar este desafío que pone en riesgo la seguridad y la democracia.