La Cámara de Diputados de Salta aprobó la prórroga por doce años del estado de emergencia pública en materia social por violencia de género.
Esta decisión, que contó con el apoyo mayoritario pero también con voces críticas, extenderá la situación excepcional hasta el año 2026, permitiéndole al gobierno provincial continuar reasignando partidas para combatir este flagelo persistente.
El oficialismo fundamentó su posición en los alarmantes datos sobre el aumento diario de denuncias y la necesidad de fortalecer las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres.
Se resalta la asignación de recursos como elemento clave para implementar medidas efectivas. Sin embargo, la oposición cuestionó la prórroga argumentando que a pesar de una década de emergencia, los indicadores no han experimentado cambios sustanciales.
El diputado José Gauffin, uno de los cinco votos en contra, afirmó: En diez años no hubo cambios sustanciales y los datos siguen siendo alarmantes.
Abogo por formular una nueva ley.Según un informe del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, las denuncias han aumentado un 45% desde el año 2016, situando a Salta en una posición preocupante dentro del ranking nacional de femicidios.
El diputado Juan Esteban Romero, quien mantuvo reuniones con organizaciones de mujeres antes del debate, reconoció la necesidad de replantear estrategias ante la persistencia del problema.
Claudia Bañagasta, titular de la Fundación Preparatoria del Pueblo, expresó que los índices son cada vez más crueles y fríos.
Si bien Romero votó a favor de la prórroga, advirtió que sin acciones conjuntas de las autoridades y la sociedad los resultados no mejorarán.
Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad de la emergencia vigente y la necesidad de implementar medidas más contundentes para proteger a las mujeres y erradicar la violencia de género en Salta.