La vida del Procurador de Salta, Pedro García Castiella, se encuentra en peligro luego de la reciente captura de Cristian Gabriel Palavecino, alias El Gringo, un prófugo buscado desde 2017 por diversos delitos, entre ellos homicidio y tráfico de drogas.
Según fuentes policiales, Palavecino habría ofrecido US$100.000 por la cabeza del Procurador.
Este hecho ha generado una ola de preocupación en el ámbito judicial y político provincial.
El gobernador, durante un encuentro de seguridad junto a la ministra Patricia Bullrich, reveló que García Castiella cuenta con custodia de Gendarmería Nacional debido a las amenazas recibidas.
La captura de Palavecino, considerado un hombre de confianza del narcotraficante Ricardo Raúl Coya Rojas, quien cumple condena por delitos relacionados al tráfico de drogas y homicidios, ha sido catalogada como un hito importante en la lucha contra el narcotráfico local.
La amenaza contra el Procurador pone en relieve la peligrosidad de este tipo de actividades delictivas y su impacto en la seguridad pública.
Este caso refleja la gravedad del problema del narcotráfico en Salta, declaró un experto en seguridad provincial, quien prefirió mantener su anonimato.
Es necesario fortalecer las acciones judiciales y policiales para combatir esta amenaza.
Las autoridades locales han reforzado medidas de seguridad alrededor del Procurador mientras se investigan las amenazas.
El fiscal encargado de la causa contra Palavecino indicó que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la protección de García Castiella.
El diario local Opinorte, que recientemente publicó una nota crítica sobre el desempeño del Procurador, ha sido objeto de cuestionamientos por su supuesta falta de objetividad en el análisis del accionar de García Castiella.
El portal se encuentra bajo investigación por parte del Colegio de Abogados de Salta.
La situación actual pone en evidencia la delicada posición que ocupan los funcionarios judiciales encargados de combatir el crimen organizado, quienes enfrentan amenazas directas por su labor.
Es necesario un esfuerzo conjunto de las autoridades, instituciones y sociedad civil para garantizar la seguridad de estos profesionales y fortalecer la justicia.