En un escenario que combina la fragilidad de la soberanía nacional con la brutalidad del despojo territorial, una franja fronteriza de 86 kilómetros a lo largo del río Grande de Tarija se ha transformado en un campo de batalla silencioso.
Productores cañeros bolivianos avanzan implacablemente hacia el territorio argentino, llevando consigo no solo caña de azúcar usurpada sino también violencia y amenaza contra las comunidades originarias que habitan la región.
La invasión, que data de hace más de tres décadas, se materializó en un retiro gradual de mojones internacionales y se ha intensificado con el tiempo, dejando como saldo la ocupación irregular de cerca de 2.500 hectáreas de selva pedemontana pertenecientes a familias de la etnia aba guaraní.
El informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) expuso la indefensión de estos pueblos originarios durante la pandemia, quienes se enfrentan a la violencia física, el terror y la privación de sus recursos vitales.
Nos amenazan con armas de fuego, nos persiguen con machetes, matan nuestros animales y bloquean el acceso a los lugares donde obtenemos nuestra subsistencia, relata una indígena aba guaraní en una reciente denuncia presentada ante las autoridades argentinas.
Su testimonio refleja la profunda angustia que vive su comunidad en un territorio que se les ha arrebatado, sin que el Estado les brinde protección o justicia.
La magnitud del contrabando es alarmante.Se estima que alrededor de 150.000 toneladas de caña de azúcar, provenientes de plantaciones ilegales, cruzan la frontera hacia Bolivia cada año.
La ruta preferida por los contrabandistas es el cauce del río Bermejo, aprovechando las épocas de estiaje para transportar la carga en camiones a través de sectores poco profundos.
El producto final se destina principalmente a la planta de Industrias Agrícolas de Bermejo (IABSA), el principal ingenio azucarero de Tarija.
Esta situación no solo representa una violación del derecho soberano argentino, sino que también tiene consecuencias ambientales y económicas serias.
La tala indiscriminada de bosques en la zona ha provocado la pérdida de hábitat para diversas especies animales y la erosión del suelo.
La inacción estatal frente a esta crisis es una fuente de frustración e indignación para los afectados.
Las denuncias que presentamos ante las autoridades argentinas son ignoradas o desestimadas, afirma un líder comunitario aba guaraní.
Parece que el Estado está ausente en nuestra tierra y nos deja a la merced de estos invasores.
El caso adquiere aún más complejidad por la intervención de la Policía Marítima boliviana, que en ocasiones ha llegado a desembarcar en territorio argentino en apoyo a los usurpadores.
La presencia de la Policía Marítima boliviana en nuestras tierras es una violación de nuestra soberanía, denuncia un experto en derecho internacional.
Es necesario que el Estado argentino tome medidas contundentes para detener este avance ilegal y proteger sus fronteras.
En vista de la gravedad de la situación, se hace indispensable que las autoridades argentinas actúen con determinación para recuperar el control del territorio.
Se requiere una política integral que combine acciones legales, operativos militares y políticas de desarrollo social para la comunidad aba guaraní.
La protección de los derechos territoriales y culturales de estos pueblos originarios debe ser una prioridad absoluta.
La crisis en la frontera argentina-boliviana es un llamado urgente a la acción.No se trata solo de la recuperación de tierras usurpada, sino de la defensa de la soberanía nacional, el respeto por los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
El silencio ante estas violaciones no es una opción, ya que perpetúa la desigualdad, la violencia y la degradación ambiental.