En una decisión que ha generado repercusión en la sociedad salteña, un tribunal condenó a cinco de los nueve policías acusados de haber maltratado a Franco Centurión durante su alojamiento policial.
Los hechos ocurrieron en Tartagal, donde Centurión fue sometido a tratos degradantes por parte de los efectivos policiales, quienes lo despojaron de sus ropas y realizaron acciones humillantes por su aspecto físico.
El fiscal Gonzalo Ariel Vega, quien representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio, solicitó la condena para todos los acusados.
Durante la investigación se determinó que los imputados dispensaron un trato denigrante contra la víctima, señaló Vega en su alegato.
Su comportamiento fue inaceptable y constituye una violación flagrante de los derechos humanos.
El veredicto del juez Reynaldo Burgos sentenció a Julio César Martínez y Cristian Adrián Vargas a dos años de prisión condicional e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena por los delitos de vejaciones y severidades.
A Flores, Espinoza y Borja les impuso el pago de una multa e inhabilitación especial por un año para ejercer cargos públicos por el delito de omisión de los deberes de funcionario público.
El caso ha generado un profundo impacto emocional en la comunidad, que exige justicia y responsabilización de quienes violaron la integridad de Centurión.
Es inaceptable que policías actúen con violencia y desprecio hacia personas bajo su custodia, manifestó una ciudadana durante una marcha realizada en solidaridad con la víctima.
Otro caso de abuso: un pastor condenado por abusar sexualmente de una niña
En otro hecho lamentable, un hombre de 49 años fue condenado a tres años de prisión condicional por abusar sexualmente de una menor de edad.
El sujeto, quien se desempeñaba como pastor en una Misión en Tartagal, abusó de la niña luego de llevarla a un lote vacío tras llamarla desde su motocicleta.
La fiscal Gabriela Souto, quien intervino en el caso, destacó la importancia de denunciar estos hechos.
Es fundamental que las víctimas y sus familias sepan que no están solas y que cuentan con nuestro apoyo para buscar justicia, afirmó Souto.
El acusado fue además inscripto en el Banco de Datos Genéticos y deberá cumplir con diversas reglas de conducta durante tres años, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima y su familia.
La sentencia se dictó en una audiencia flexible y multipropósito, enmarcada en el plan piloto de oralidad implementado por el sistema judicial.