El Foro de Intendentes de Salta impulsa una medida legislativa urgente ante el decreto del ministro de Economía, Luis Caputo, que prohíbe a los municipios incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios.
La medida, implementada recientemente, ha generado preocupación entre los jefes comunales por su impacto en las finanzas locales, ya de por sí debilitadas por la disminución de la coparticipación nacional.
Las bajas en el aporte estatal a los municipios han llegado a registrar una reducción del 20% mensual, lo que complica gravemente la proyección presupuestaria para el resto del año.
Este decreto golpea con fuerza nuestras finanzas, declaró un portavoz del Foro, quien agregó que la falta de recursos es preocupante y afecta directamente nuestra capacidad de brindar servicios públicos.
Ante esta situación crítica, los intendentes exploraron diversas opciones, incluyendo la presentación de un amparo judicial para suspender la aplicación del decreto.
La lentitud del proceso legal y el riesgo de sanciones a las empresas prestatarias de servicios llevaron a priorizar una solución legislativa.
La estrategia adoptada consiste en buscar la incorporación de un nuevo artículo al proyecto de ley que limita las actualizaciones tarifarias del agua y la electricidad.
Este proyecto ya cuenta con media sanción en el Senado y se encuentra actualmente en Diputados.El objetivo es incluir dentro de la normativa la autorización a Edesa para cobrar los impuestos municipales junto con las tarifas de servicios.
Buscamos una solución rápida que nos permita continuar recaudando las tasas necesarias para financiar nuestros servicios, explicó otro integrante del Foro.
La urgencia se debe a que el decreto entra en vigor de manera inmediata y cualquier retraso podría significar la pérdida de ingresos significativos para los municipios.
Se espera que Diputados sancione la modificación al proyecto de ley el próximo martes, permitiendo su retorno al Senado para obtener la aprobación definitiva.
De esta manera, los intendentes esperan revertir las consecuencias del decreto de Caputo y asegurar la continuidad del financiamiento municipal.