El gobierno provincial de Salta ha implementado una medida controvertida al excluir a los funcionarios públicos del programa Casa Propia con Ahorro Previo.
La justificación oficial, según el ministro Villada en su programa radial Sin Vueltas, es la necesidad de evitar conflictos de intereses y garantizar transparencia en la asignación de las viviendas.
Esta decisión ha generado debate e inquietud entre sectores de la comunidad.
El proyecto habitacional se divide en dos etapas: 800 viviendas construidas con métodos tradicionales y 1.200 mediante el sistema de ahorro previo.
Este último está dirigido a familias de la capital salteña que cumplan con los requisitos del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), acrediten ingresos no inferiores a seis salarios mínimos y abonen el ahorro previo expresado en Unidades de Vivienda (UVIs).
La selección de beneficiarios se realizará mediante sorteo público entre las familias que firmen su adhesión al plan.
Los afortunados deberán abonar un porcentaje del costo total de la vivienda en UVIs, con opciones de pago contado o financiadas en 12 o 18 cuotas.
Una vez recibida la unidad habitacional, los beneficiarios se someterán a un plan de amortización para el restante importe de la obra.
La medida ha generado una respuesta diversa.Algunos sectores aplauden la intención del gobierno de asegurar que las viviendas lleguen a quienes más lo necesitan, especialmente en un contexto donde la accesibilidad a la vivienda propia es un desafío para muchos.
Otros critican la exclusión de funcionarios públicos sin considerar su situación socioeconómica individual.
¿Se les considera automáticamente como privilegiados?, cuestiona un vecino afectado por la medida.
No todos los funcionarios tienen acceso a recursos económicos similares.
La inclusión social en políticas habitacionales es un tema complejo que requiere un análisis profundo y una mirada integral para asegurar que las soluciones sean efectivas y justas para todas las personas.
La decisión del gobierno salteño de excluir a los funcionarios públicos del programa Casa Propia con Ahorro Previo abre un debate sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la transparencia, la equidad y la accesibilidad a la vivienda digna.