El escándalo que sacude al municipio de Aguas Blancas, Salta, tras la detención del intendente Carlos Alfredo Martínez por presunta vinculación con actividades ilícitas, ha generado una profunda preocupación por la calidad institucional y la idoneidad de los cargos públicos en la provincia.
Ante este escenario, el vicegobernador Antonio Marocco ha planteado la urgencia de crear una Ley de Inteligencia provincial que fortalezca las capacidades del Estado para combatir el delito organizado, especialmente el narcotráfico.
La intervención municipal ordenada por la Cámara de Diputados es solo el primer paso en un complejo caso que ha puesto al descubierto graves irregularidades en la gestión municipal y su posible conexión con redes criminales.
La investigación más reciente revela incluso un plan para silenciar al procurador provincial, Pedro García Castiella, reconocido por su férrea lucha contra el narcotráfico en la región.
Es preocupante, hablamos de la calidad institucional e idoneidad de los cargos.Hay que tomar esto más seriamente, declaró Marocco, enfatizando la necesidad de un marco legal sólido para potenciar las herramientas del Estado frente a amenazas como el narcotráfico.
La preocupación del vicegobernador no solo se centra en Aguas Blancas, sino también en el contexto nacional de lucha contra el crimen organizado, donde las instituciones se encuentran expuestas a presiones e intimidaciones por parte de grupos criminales.
Castiella, quien ha sido blanco de amenazas directas por su labor contra el narcotráfico, ha alertado sobre la grave crisis institucional que afecta al municipio de Aguas Blancas.
En una nota dirigida a los presidentes de las cámaras legislativas, exhortó a actuar con rapidez para garantizar el normal funcionamiento del Poder Ejecutivo Municipal y evitar mayores perjuicios.
La propuesta de Marocco busca crear un sistema similar al Sistema Nacional de Inteligencia (SINA), regulado por la Ley 25.520, pero adaptado a las necesidades de Salta.
Este nuevo organismo provincial podría encargarse de gestionar y analizar información estratégica para la seguridad de la provincia, fortaleciendo las capacidades de inteligencia y contrainteligencia del Estado.
La situación en Aguas Blancas revela la urgencia de contar con herramientas legales y mecanismos eficientes para combatir el narcotráfico y proteger a las instituciones públicas.
La creación de una Ley de Inteligencia provincial podría ser un paso importante para fortalecer la seguridad y la gobernabilidad en Salta.