Hace dos años, Argentina vivió un momento de tensión y conmoción cuando Fernando André Sabag Montiel intentó asesinar a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El atentado, que ocurrió el 1 de septiembre de 2022, fue frustrado porque la pistola Bersa calibre 7.65 mm se encasquilló.
Si bien no hubo disparos, el hecho generó un profundo impacto social y político, dando inicio a una investigación compleja que aún continúa con su juicio oral.
Sabag Montiel fue detenido inmediatamente por la Policía Federal, mientras que Brenda Uliarte, su expareja, y Gabriel Carrizo, líder del grupo ultraderechista Revolución Federal, también fueron arrestados y procesados como cómplices.
La investigación se centró inicialmente en los autores materiales del atentado.En el transcurso de estos meses, se realizaron numerosos allanamientos, recolectando pruebas cruciales como mensajes de texto y videos que implicaban a los acusados.
El 26 de junio de 2024, comenzó el juicio oral contra Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo. En las primeras audiencias, Sabag Montiel confesó su intención de asesinar a la expresidenta, mientras que Uliarte intentó ser declarada inimputable alegando problemas psiquiátricos.
Un informe del área de Psiquiatría del Servicio Penitenciario desestimó esta estrategia en agosto de 2024, lo que implica que Uliarte será juzgada como imputable, debilitando su defensa legal.
Controversias que rodean el atentado:
El caso no solo ha sido objeto de una investigación judicial, sino también de múltiples controversias políticas.
Una pista crucial fue la denuncia del exdiputado Jorge Abello, quien afirmó haber escuchado al diputado Gerardo Milman decir dos días antes del atentado: Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa.
A pesar de no ser analizada en el juicio, la querella y la fiscal Gabriela Baigún vincularon esta declaración con una posible autoría intelectual del ataque.
A ello se suma el borrado de celulares pertenecientes a colaboradoras de Milman, Ivana Bohdziewicz y otra asesora.
Inicialmente, Bohdziewicz afirmó haber borrado su teléfono para proteger su intimidad, pero luego reveló que fue obligada a hacerlo en oficinas de la entonces presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
Las declaraciones de Bullrich sobre el atentado generaron críticas debido a su cuestionamiento sobre la veracidad del mismo y las sugerencias de un posible montaje, lo cual intensificó las tensiones políticas en el país.
Finalmente, la investigación reveló transferencias millonarias de fideicomisos administrados por Caputo Hermanos, una familia de empresarios íntimamente ligada al expresidente Mauricio Macri, a cuentas de dirigentes de Revolución Federal.
Esta conexión levantó sospechas sobre el financiamiento del atentado y la posible implicación de sectores económicos en el ataque.
La financiación de organizaciones violentas como Revolución Federal por parte de Caputo Hermanos fue un hecho que no pasó desapercibido y generó fuertes críticas.
Declaraciones y el impacto político:
El 14 de agosto de 2024, Cristina Fernández de Kirchner declaró en el juicio como querellante, apuntando a los autores intelectuales del atentado y denunciando la violencia simbólica y no tan simbólica que ha sufrido durante su carrera política.
Su testimonio buscó establecer conexiones entre el atentado y posibles lazos políticos.
El juicio continúa con audiencias técnicas que incluirán declaraciones de peritos psicólogos sobre el estado mental de los imputados y la presentación de testigos propuestos por la defensa.
Se espera que el Tribunal Oral Federal 6 emita su veredicto a finales de 2024 o principios de 2025, lo cual tendrá un impacto significativo en la política argentina, especialmente en un año electoral.
Las conclusiones del tribunal podrían influir en la percepción pública de los partidos y figuras políticas involucradas directamente o indirectamente en el caso.