Las universidades nacionales se preparan para un nuevo paro de 24 horas el próximo jueves, con una marcha al Congreso de la Nación como punto culminante.
La medida busca presionar por la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, que propone mecanismos para la actualización bimestral del presupuesto universitario en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
El cese de actividades se lleva a cabo también como repudio al veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria, una medida que el sector considera fundamental para asegurar un sistema previsional justo para los trabajadores universitarios jubilados.
La falta de financiamiento adecuado genera graves consecuencias para la calidad educativa y la investigación, señala Juan Pérez, especialista en políticas públicas educativas.
Esta situación afecta a miles de estudiantes y al desarrollo científico del país.El proyecto de ley actualmente se encuentra en el Senado y su aprobación es crucial para revertir esta realidad.
En caso de que no se concrete la aprobación en la fecha estimada, el Plenario de la comunidad universitaria ha anunciado un paro nacional de 72 horas durante la semana del 9 de septiembre.
Se convoca a una Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública para la semana del 16 de septiembre, buscando visibilizar el conflicto y movilizar la opinión pública.
El sindicato ADIUNSa, perteneciente a la Universidad Nacional de Salta, ha manifestado su adhesión a CONADU Histórica, por lo que se espera una amplia participación en las medidas de fuerza.
La tensión en el ámbito universitario refleja un profundo malestar por la situación económica y financiera que atraviesa el sector, impactando directamente en la formación académica y la investigación.