El gobierno de Javier Milei continúa consolidando su estrategia de privatización con el refuerzo del poder de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (AETEP).
Mediante el decreto 764, se han creado cinco nuevos cargos directivos de alto nivel dentro de la agencia, ampliando significativamente sus funciones y recursos.
Esta medida, liderada por Luis Caputo, ministro de Economía, busca fortalecer la supervisión y coordinación de las privatizaciones de empresas estatales como Enarsa, Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
Estas nuevas funciones nos permiten tener un control más eficiente sobre las empresas públicas, optimizar su funcionamiento y prepararlas para la eventualidad de una transición a manos privadas, señaló Caputo en declaraciones recientes.
El decreto 764 aumenta las atribuciones de la AETEP de 14 a 26 funciones.Entre ellas, destacan la implementación de un sistema de monitoreo del desempeño de las empresas estatales y la coordinación de procesos de privatización.
Se incorporarán cinco nuevos cargos con rango de Director Nacional, cada uno con una remuneración bruta que supera los tres millones de pesos.
Esta expansión del poderío estatal ha generado debate en el ámbito económico.Algunos expertos argumentan que la concentración de recursos y control en manos de un organismo como la AETEP podría generar falta de transparencia y eficiencia.
Es importante que este proceso se lleve a cabo con rigurosa transparencia y participación ciudadana para evitar abusos de poder y garantizar una justa distribución de los beneficios, advirtió Juan Pérez, analista económico especializado en privatizaciones.
Por otro lado, el gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para modernizar las empresas estatales, aumentar su eficiencia y atraer inversión privada.
El ejemplo más reciente de esta estrategia es la capitalización de Impsa, empresa fundada por el Grupo Pescarmona.
Este movimiento se enmarca dentro de una política más amplia de reducción de la participación estatal en el sector empresarial.