La comunidad universitaria de Salta se encuentra movilizada en defensa del financiamiento público de la educación superior, tras el veto anunciado por el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.
Este veto ha generado un profundo malestar en todo el país, con universidades nacionales convocando a sus miembros para discutir acciones concretas ante esta decisión que consideran perjudicial para el futuro de la educación pública.
En Salta, los gremios de docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) han convocado a todos los sectores de la comunidad educativa para formar una Mesa en Defensa de la Universidad Pública.
En un encuentro con representantes del Rectorado, facultades, sedes regionales, el Instituto de Educación Media (IEM), centros de estudiantes y agrupaciones estudiantiles, se acordaron diversas acciones para defender la Ley sancionada.
Nosotros pedimos a los legisladores salteños que continúen con su acompañamiento a esta ley; queremos que sostengan ese apoyo ante el anuncio de veto, declaró Diego Maita, secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (ADIUNSa).
La Mesa está preparando un documento para ser debatido en el Consejo Superior de la universidad, buscando que se convierta en un pronunciamiento institucional.
Este rechazo al veto se basa en la importancia que tiene la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar recursos suficientes para las universidades públicas.
La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario resulta vital ya que genera una recomposición salarial a las y los trabajadores, además de actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión, explicó Maita.
El malestar se extiende también por el impacto que la actual política económica ha tenido en los salarios de los trabajadores universitarios.
Históricamente, teníamos la Categoría 7 la más baja, de ingreso por debajo de la línea de pobreza.
A partir de este año tenemos a las categorías 5, 6 y 7 por debajo de la Canasta Básica, señaló Stella Mimessi, secretaria general de la Asociación del Personal de la UNSa (APUNSa).
Hablamos de casi 600 trabajadores que cuando van a la huelga paralizan a la universidad, agregó.
Para el rector Daniel Hoyos, el deterioro salarial varía entre el 50 y el 70 por ciento en los primeros nueve meses del Gobierno actual.
Es una barbaridad, pero no se trata solo de salarios.Cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunió con las autoridades de Nación, luego de la primera marcha universitaria, acordamos 5 puntos que ellos nos garantizaban: gastos de funcionamiento, salarios, becas, ciencia y tecnología y las obras que faltaban, explicó Hoyos.
De esos 5 puntos sólo cumplieron a medias el primer punto; del resto nada.
Ante este panorama, la UNSa se suma a la movilización nacional que busca revertir el veto al financiamiento universitario.
Se espera una gran marcha en todo el país con fecha tentativa para el 2 de octubre.Hay un gran malestar a nivel nacional y se puede llegar a decir que las 54 universidades nacionales están en estado de análisis de acciones a seguir, dijo Mimessi.
