Un nuevo golpe azota al sector de la discapacidad en el país, con varias obras sociales suspendiendo prestaciones a afiliados bajo la categoría de monotributo social debido a la falta de pagos por parte del Gobierno Nacional.
Miles de familias que dependen de estos servicios para el cuidado y tratamiento de personas con discapacidad se encuentran ahora en una situación de incertidumbre e inestabilidad.
La madre de un niño con discapacidad, quien prefirió mantener su identidad en anonimato, narró su experiencia con angustia: Al abrir la aplicación de OSPRERA me di cuenta que no tenía cobertura.
Me entregaron la notificación indicando que faltaban los pagos de Nación desde abril para los inscriptos en Monotributo Social.
Fui a la superintendencia, pero no obtuve respuestas satisfactorias sobre algo que comienza a repetirse en muchas familias.
La situación se agrava debido a las auditorías realizadas por el Estado a las obras sociales vinculadas a esta categoría, las cuales habrían revelado irregularidades similares a las denunciadas recientemente en Incluir Salud.
Las obras sociales esperaron a que se cumplan los 90 días de cobertura para luego notificar a los afiliados que se quedaron sin obra social, denuncia Luis González, referente de Padres TGD TEA Salta.
No hay información ni por parte de Capital Humano de Nación, ni de ANSES ni de ninguna oficina.Para nosotros esto es una nueva quita de derechos y un ajuste encubierto al sector discapacidad.
La problemática se intensifica en el contexto de la reciente intervención del Gobierno Nacional a OSPRERA, la tercera obra social más grande del país, que enfrenta deudas por más de 40.000 millones de pesos.
A pesar de haber recibido más de 26.000 millones de pesos del Estado, la organización presenta graves falencias en sus servicios y falta de documentación ante la Superintendencia de Servicios de Salud, generando serias dudas sobre la gestión de los fondos públicos.
La resolución 16122024 de la Superintendencia de Servicios de Salud intervino OSPRERA, designando una administradora provisoria.
Las irregularidades encontradas en las obras sociales suspendidas se asemejan a las detectadas en Incluir Salud: falta de rendición de cuentas por más de un año, deudas prestacionales de 43.949 millones de pesos y la inexistencia de convenios con el 90% de los prestadores listados en su cartilla médica.
El impacto de esta intervención y las medidas adoptadas por las obras sociales sobre los afiliados, particularmente los más vulnerables como los monotributistas sociales, genera una creciente incertidumbre y preocupación para miles de familias en Argentina.
Esta situación vulnera derechos fundamentales de personas con discapacidad y sus familias, afirma un experto del sector que prefirió mantenerse anónimo.
Se requiere una mayor transparencia por parte del Estado y las obras sociales para garantizar la protección de este grupo vulnerable.