La Comisión Especial de la Mujer, Género y Diversidad del Senado provincial analiza una prórroga de dos años para la declaración de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género.
La Ley Nº7.857, vigente desde 2014, se encuentra próxima a vencer en septiembre y su renovación es objeto de debate ante el persistente problema de violencia contra mujeres, niñas y personas disidentes.
Desde mayo, la comisión ha realizado un intenso trabajo con actores claves del sector, incluyendo al equipo de la Secretaría de la Mujer que presentó los avances del Plan Provincial para la Igualdad de Género Por una Salta libre de violencias y discriminaciones 2024-2026.
La reunión estuvo encabezada por la presidenta de la Comisión, Sonia Magno, junto a otros senadores y representantes del Ejecutivo provincial.
Durante el encuentro, la secretaria de la Mujer, Itatí Carrique, destacó los avances logrados desde la declaración de emergencia, como la creación de una Justicia especializada en violencia de género, la sanción de leyes protectivas, la entrega de botones antipánico, la creación del Observatorio de Violencia contra la Mujer y el Polo Integral de las Mujeres.
También se resaltó la implementación de una Unidad fiscal especializada en femicidios y la propia Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad creada en 2022.
Carrique enfatizó que el Plan Provincial aborda la complejidad del problema desde cinco ejes: prevención de la violencia y promoción de derechos; abordaje y asesoramiento a las víctimas; recuperación y fortalecimiento de sus autonomías; formas extremas de violencia; y revisión o actualización normativa con perspectiva de género.
Trabajamos para identificar y transformar causas estructurales y socioculturales de los hechos de violencia, promoviendo la autonomía económica de las mujeres, el acceso a servicios de salud y la sensibilización de la población en general, explicó Carrique.
El plan también busca fortalecer la articulación entre organizaciones, promover estrategias de asistencia psicológica y jurídica para las víctimas y asegurar que toda la normativa vigente incorporé una perspectiva de género.
La prórroga de la emergencia también ha generado debate, con algunos sectores cuestionando su efectividad en la reducción de la violencia.
Es necesario un análisis profundo del impacto de la Ley Nº7.857 y evaluar si se han conseguido los objetivos propuestos.
Expertos como María Elena García, coordinadora del Observatorio de Violencia contra la Mujer de Salta, señalan que es fundamental que la prórroga no se traduzca en una simple renovación formal, sino que implique un compromiso real por parte del gobierno provincial para fortalecer las políticas de prevención, atención y justicia para las mujeres víctimas de violencia.