El gobierno de Javier Milei ha dado otro paso en su plan de reformar radicalmente el sistema de obra pública en Argentina.
La reglamentación publicada en el Boletín Oficial del régimen de iniciativa privada, permite que particulares impulsen proyectos ante el Estado a cambio de concesiones.
Esta medida, anunciada durante la campaña electoral, busca eliminar la tradicional figura de las obras públicas gestionadas por el Estado, acusada por Milei de ser un sistema permeado por corrupción política-empresarial.
El nuevo modelo, inspirado en el chileno, busca fomentar la inversión privada y flexibilizar el proceso de ejecución de proyectos.
Esta decisión ha generado controversia.Gobernadores e intendentes han expresado su preocupación ante la posible reducción del rol estatal en la planificación y desarrollo de obras esenciales para la sociedad.
Las empresas petroleras grandotas se benefician al venderle a empresas energéticas grandotas, mientras que el caño lo pagamos nosotros, los 47 millones de argentinos, manifestó recientemente la canciller Diana Mondino, ilustrando las críticas sobre un posible desbalance en favor del sector privado.
El nuevo régimen establece que un particular interesado en impulsar una obra pública deberá presentar al ministro o secretario competente una carpeta con un estudio de prefactibilidad técnica, económica y financiera, una estimación de la demanda, el monto estimado de inversión y costos de operación.
Si la propuesta es favorable, se iniciaría un proceso licitatorio en el que el promotor de la iniciativa privada competiría con otras ofertas.
En caso de resultar ganador, podrá ceder los derechos y obligaciones del proyecto a cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera.
El decreto reglamentario establece una peculiaridad: si la diferencia entre la oferta ganadora y la del promotor de la iniciativa privada es entre el 10% y el 15%, ambos oferentes serán invitados a mejorar sus ofertas simultáneamente, sin aplicar la fórmula de equivalencia de ofertas.
Se concede una percepción al promotor en caso de que su iniciativa sea declarada de interés público pero no resulte ganador de la licitación.
Esta percepción oscilará entre el 1% y el 3% del monto de la oferta adjudicada.La vigencia de los derechos del promotor por la autoría del proyecto será de dos años, incluso si no se declara de interés público.
La implementación de este nuevo régimen abre un debate sobre el rol del Estado en la gestión de obras públicas.
Mientras algunos lo ven como una oportunidad para fomentar la inversión privada y modernizar el sistema, otros temen que pueda llevar a una reducción de la participación estatal y generar desigualdades en el acceso a servicios básicos.