El debate sobre la nueva ley de movilidad jubilatoria se intensifica tras el anuncio del presidente Javier Milei de vetarla.
Mientras algunos sectores consideran la medida como un acto impopular con alto costo político, otros la defienden como justa y necesaria para paliar la precariedad económica que enfrentan los adultos mayores.
La normativa, aprobada recientemente por el Senado de la Nación, busca actualizar los haberes jubilatorios en base a la inflación, atenuando así el impacto del actual escenario económico sobre este grupo vulnerable.
Es tan miserable lo que cobran los jubilados que el veto resultaría un revés político para el que lo interponga, argumenta Jorge OBrien, director general de Adultos Mayores de la Provincia.
OBrien destaca la disparidad entre los ingresos jubilatorios y el costo de vida actual: Hay gente que cobra 255 mil pesos de jubilación y serían 26 mil pesos más lo que pasarían a cobrar, cuando la canasta de alimentos ronda los 900 mil pesos.
Señala además la precariedad en la cobertura médica: La gente que lo dió todo en la vida ahora sufre y cuando es momento de que puedan recoger un poquito de buen trato, de consideración en la sociedad, están invisibilizados, indefensos porque no pueden presionar, hacer paro, manifestarse, cortar calles, ni hacer oír su voz ante el Gobierno.
La presidenta de la Federación de Mayores La Nueva Era, Nilda Ríos, expresa su preocupación por el impacto del veto en la economía de los jubilados: Ya no tenemos remedios gratis, ni nada.
Ni hablar si necesitamos internaciones y operaciones.Las subas de los medicamentos son exorbitantes.
Ríos considera que la nueva ley es fundamental para garantizar un nivel de vida digno: Merecemos vivir dignamente.
La movilidad jubilatoria es justa y necesaria.
El veto a la ley de movilidad jubilatoria genera un clima de incertidumbre e indignación entre los sectores más vulnerables, quienes ven amenazada su posibilidad de acceder a una vida con dignidad.