La escasez de policías en Salta ha generado una crisis que pone en riesgo la seguridad pública.Ante este panorama, el gobernador Gustavo Sáenz anunció la implementación de dispositivos tecnológicos para monitorear a las víctimas y agresores en casos de violencia de género.

Esta medida, producto de una reunión con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, busca mitigar el impacto de la falta de personal policial, que se encuentra asignado a cerca de 2.000 consignas judiciales relacionadas principalmente con este tipo de violencia.

Este es un avance en la vigilancia electrónica y un paso significativo en nuestra lucha contra la violencia, afirmó Sáenz en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El gobernador subrayó la importancia de aumentar los dispositivos de monitoreo electrónico para proteger a las víctimas y garantizar el cumplimiento de las prohibiciones de acercamiento dictadas por la Justicia.

La situación actual obliga a dedicar cerca de 6.000 efectivos policiales al servicio de consignas durante las 24 horas del día, lo cual reduce significativamente la presencia policial en las calles.

Debemos recurrir a medios electrónicos para evitar que seis mil policías estén asignados a consignas judiciales, explicó el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Salta, Marcelo Domínguez.

Domínguez había advertido previamente sobre el colapso de la policía ante esta situación. Algunas de estas consignas no son simplemente fijas, sino que requieren que el policía acompañe a la víctima y al agresor a todos los lugares que se desplacen, detalló el funcionario, señalando la necesidad de soluciones tecnológicas para suplir esta demanda.

La implementación de dispositivos con transmisores para las víctimas y pulseras o tobilleras de rastreo para los agresores, con monitoreo constante durante todo el día, se perfila como una alternativa ante la falta de efectivos policiales.

Del impacto en la seguridad pública, esta situación genera un profundo impacto emocional para las víctimas, quienes ven vulnerados sus derechos y se sienten inseguras al no contar con una presencia policial efectiva.

Si bien los dispositivos electrónicos representan un avance significativo, es necesario analizar su efectividad a largo plazo y garantizar que sean utilizados de manera ética y transparente.

Es fundamental que la implementación de estas medidas no se traduzca en una reducción del personal policial, sino que funcione como un complemento para mejorar el servicio brindado a la comunidad.