En Salta, la eliminación de los precios máximos del gas licuado de petróleo (GLP) ha generado un impacto devastador en las familias más vulnerables, convirtiendo la garrafa de 10 kilos en un bien de lujo.
El precio se disparó un 40% en apenas 24 horas, pasando de 8500 pesos a rondar los 12 mil.Para la semana siguiente, se espera una escalada aún mayor, alcanzando los 13500 pesos.
La liberación de precios sin mecanismos de control ha generado una situación crítica, declara el secretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Iván Mizzau.
Más del 40% de la población salteña depende del GLP para cocinar, calentar y calefaccionarse.Este aumento descontrolado representa una catástrofe social sin precedentes.
La decisión del Gobierno nacional de eliminar los precios máximos, argumentada como un paso hacia la eficiencia económica y la libertad de mercado, deja a Salta en una situación delicada.
Mientras que el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con un precio de referencia de 8500 pesos para la garrafa de 10 kilos, en Salta este costo ya es una realidad del pasado.
En lugares como Iruya o Amblayo, la garrafa ya alcanzaba los 25 mil pesos hace meses, señala Mizzau.
Si no hubiéramos intervenido, el precio se hubiera disparado hasta los 18000 pesos.La intervención provincial ha logrado frenar parcialmente la escalada, pero la situación sigue siendo preocupante.
Las estaciones de servicio, libres de regulaciones desde hacía tiempo, han aumentado sus precios en un 70% en un solo día, alcanzando los 14 mil pesos por una garrafa de 10 kilos.
La provincia se ve obligada a actuar como contrapeso a las decisiones del Gobierno nacional, lamenta Mizzau.
La desregulación del mercado de GLP, lejos de generar la eficiencia económica esperada, ha profundizado la desigualdad en Salta.
Las familias más pobres, aquellas que ya luchaban por satisfacer sus necesidades básicas, enfrentan ahora un nuevo desafío: el acceso al combustible esencial para su supervivencia.