La denuncia pública de violencia de género interpuesta por Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández ha resurgido como un potente detonante para una conversación crucial sobre la problemática de la violencia de género en Argentina.
Este caso se produce en un contexto donde Salta registra un incremento sostenido en las denuncias por violencia familiar y de género, alcanzando cifras alarmantes.
Entre 2016 y 2023, el número de denuncias ha experimentado un ascenso significativo, pasando de 14.695 a 26.734, según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta.
Es bastante impactante cuando ves los gráficos, cómo la curva va subiendo, expresa Ana Pérez Declercq, directora del Observatorio, quien destaca la tendencia ascendente registrada en los últimos años.
Este incremento no solo refleja una mayor conciencia social sobre el tema, sino también la necesidad imperante de fortalecer las medidas de protección y prevención.
Esta situación que hoy tenemos en boca de todo el mundo nos tiene que dar alerta, afirma Pérez Declercq.
En otras épocas, presidentes de los años 90 tal vez también ejercían violencia contra sus parejas, pero no era un tema público.
Hoy tenemos legislaciones que hablan de que las denuncias y las violencias de género son de orden público.
La Ley 7.888 de Protección contra la Violencia de Género, vigente en Salta, establece que profesionales de diversos ámbitos como médicos, docentes y personal de salud están obligados a denunciar cualquier hecho de violencia directa o indirecta que les llegue a conocer.
Este mecanismo legal ha contribuido al aumento de las denuncias, ya que amplía el espectro de actores involucrados en la detección y denuncia de estos casos.
Expertos advierten sobre los desafíos que persisten en la lucha contra la violencia de género.
La violencia de género, para ser abordada, requiere de recursos económicos, señala Pérez Declercq.
Para poder brindarle a la persona en situación de violencia, en lo inmediato, una salida de su hogar o de su dependencia económica.
El recorte presupuestario en programas nacionales como Acompañar y Generar ha afectado significativamente la capacidad de las instituciones provinciales para brindar apoyo integral a las víctimas de violencia.
No se cuenta con un programa que apuntale a los municipios a nivel nacional, lamenta Pérez Declercq, quien resalta la necesidad de una inversión sostenida en políticas públicas que promuevan la prevención y el empoderamiento de las mujeres.
La integrante del Observatorio subraya la importancia de abordar la violencia de género desde una perspectiva integral.
Es importante generar capacitación a docentes ya que hoy en día muchos reproducen estereotipos de género que son la base de la violencia de género, argumenta.
Pérez Declercq recalca la necesidad de fortalecer la educación sexual integral (ESI) para cuestionar los roles de género tradicionales y promover una cultura de igualdad y respeto.