La comunidad jurídica argentina se encuentra conmocionada tras el fallo que destituyó a Norma Abate de Mazzucchelli, jueza de La Rioja, por solicitar una coima para tramitar una sucesión.
El jurado de enjuiciamiento la encontró culpable de mal desempeño, conducta lesiva para los intereses de la sociedad e indignidad moral, basándose en evidencia audiovisual que la muestra pidiendo ocho millones de pesos a Manuela Saavedra, administradora de una herencia familiar.
Este caso representa una grave violación de la confianza pública depositada en el sistema judicial, expresó el Dr. Martín López, experto en derecho penal, quien añadió: La destitución es un paso necesario para restablecer la integridad del Poder Judicial y proteger a los ciudadanos de la corrupción.
El incidente, que fue expuesto por Saavedra al noticiero Telenoche El Trece, reveló una práctica ilegal que genera desconfianza hacia las instituciones.
La víctima denunció que la jueza, además de exigir el pago por su intervención en la sucesión, envió emisarios para presionarla y que el caso permanecía estancado a pesar de sus reiterados intentos de obtener información.
Abate de Mazzucchelli, quien además ocupaba el cargo de titular de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, se enfrenta ahora a serios cargos que ponen en tela de juicio su honorabilidad y profesionalismo.
Este tipo de acciones no solo dañan la imagen del Poder Judicial, sino que también afectan profundamente a las víctimas, quienes se sienten vulnerables ante el abuso de autoridad, señaló Saavedra en declaraciones al programa Telenoche Investiga.
Es fundamental que se tomen medidas contundentes para prevenir este tipo de situaciones y garantizar la justicia.
El caso ha generado un debate público intenso sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las instituciones judiciales, así como la importancia de fomentar una cultura ética dentro del Poder Judicial.