El tramo del ramal ferroviario C25, que conecta Padre Lozano con Morillo en el departamento San Martín de Salta, se ha convertido en escenario de un alarmante desguace organizado.
Lo que comenzó como robos aislados de rieles en las últimas décadas se ha convertido en un plan transnacional que busca lucrar con la infraestructura ferroviaria abandonada por el Estado Nacional.
Fuentes del vecino país Bolivia reportan una alta demanda de material ferroviario, adquirido a precios irrisorios, alrededor de 250 dólares por tonelada.
Esta situación revela una red organizada que involucra complicidades en ambos lados de la frontera, con el propósito de desmantelar el ramal C25 y obtener un botín ilegal estimado en más de 5 mil millones de pesos.
El mecanismo utilizado por esta banda transnacional se basa en la falsificación de documentos oficiales para justificar la donación de rieles y material rodante a una comunidad indígena.
La documentación falsa, que involucra sellos y firmas de funcionarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), otorga una apariencia legal a este saqueo masivo.
La situación es grave, afirma un experto en seguridad fronteriza consultado por El Tribuno.Se trata de una red organizada que opera con impunidad, aprovechando las debilidades del sistema y la falta de control sobre el patrimonio ferroviario.
Las denuncias por parte de comunidades indígenas y líderes locales han sido ignoradas o desestimadas por las autoridades correspondientes.
Raúl Manuel, presidente de la comunidad indígena Misión Wichí Kilómetro 2 de Pluma de Pato, ha denunciado reiteradamente el saqueo del ramal C25, pero sus advertencias han caído en saco roto.
La situación actual genera una profunda inquietud en la región, no solo por la pérdida de infraestructura ferroviaria esencial, sino también por las implicaciones que este desguace puede tener para la seguridad y la economía local.