La Comisión de Educación del Senado iniciará el debate sobre un proyecto de ley que busca restringir la capacidad de las fundaciones para impartir cursos en áreas como salud y educación, a menos que estos cuenten con la pertinente homologación o certificación oficial.
La iniciativa, proveniente de la Cámara de Diputados con media sanción, busca combatir la proliferación de fraudes en el mercado educativo, especialmente en regiones más alejadas del país.
La diputada autora del proyecto, Gladys Paredes, enfatizó que la propuesta busca evitar una gran cantidad de fraudes que existen en estas ofertas educativas.
La medida también contempla sanciones para quienes insistan en dictar cursos sin la debida autorización, incluyendo multas o penas.
El Ministerio de Educación se convertiría en el ente responsable de aprobar los cursos, limitando así la autonomía de las fundaciones para ofrecer estas propuestas de formación.
Buscamos que las áreas correspondientes regulen este tipo de capacitaciones, manifestó el senador Dani Nolasco, titular de la Comisión de Educación del Senado.
Nolasco, al igual que Paredes, comparte la preocupación por la proliferación de cursos sin validez oficial y sus consecuencias para los estudiantes: Una vez que los chicos hacen este tipo de capacitaciones esperan trabajar con esa titulación y resulta que no existen esos cargos dentro de la cartera laboral de la administración pública.
Ahí es donde realmente chocan y se dan cuenta que realmente no les sirvió de mucho sino de conocimiento nada más porque existe una reglamentación y unos requisitos para poder desempeñarse en ese cargo.
El Senado solicitará la presencia de autoridades del Ministerio de Educación de Salta para analizar a fondo las implicaciones de la propuesta.
El debate se prevé complejo, con actores del sector educativo expresando tanto su apoyo como su rechazo al proyecto, debatiendo sobre el equilibrio entre la libertad de iniciativa y la necesidad de garantizar la calidad educativa.