La provincia de Salta enfrenta un preocupante aumento en el número de deudores alimentarios registrados.
Según datos del Registro Provincial de Deudores Alimentarios, hasta la fecha se han contabilizado 1.291 personas, principalmente progenitores, que incumplen con su obligación alimentaria.
Esta obligación comprende las necesidades básicas de los niños y jóvenes, incluyendo vivienda, educación, salud, vestimenta y alimentación.
Especialistas en derecho familiar destacan el impacto emocional que esta situación genera tanto en los niños como en sus familias.
Las consecuencias del incumplimiento alimentario son devastadoras para el desarrollo integral de los niños, afirma la abogada especialista en derecho familiar, María López.
No solo afecta su bienestar físico, sino también su seguridad emocional y su futuro.
El proceso para iniciar un trámite de cuota alimentaria comienza con la búsqueda de asesoramiento legal gratuito a través de la Defensoría Pública o mediante un abogado particular.
Posteriormente, se recomienda solicitar mediación para llegar a un acuerdo sobre la cantidad de la cuota alimentaria.
Los Centros de Mediadores Comunitarios ofrecen este servicio gratuito en diferentes barrios de la ciudad.
En caso de no alcanzar un acuerdo mediante la mediación, se puede recurrir a un abogado para presentar una demanda de alimentos provisorios hasta que se resuelva la situación definitiva.
La documentación necesaria incluye documentos personales del progenitor obligado y del menor, así como el acta de matrimonio si corresponde.
La Ley 7.411 establece que aquellos que adeuden tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas serán considerados deudores e incorporados al registro público.
El objetivo principal del registro es garantizar el cumplimiento del derecho alimentario de los niños y promover la responsabilidad de los progenitores.
Aunque en 2022 se registraron 166 nuevos deudores, esta cifra disminuyó a 100 en 2023.Sin embargo, en el primer semestre de 2024 ya se han añadido 103 nuevos inscriptos, superando la cifra total del año anterior.
Este aumento es preocupante y refleja una crisis social que debemos abordar con urgencia, advierte el defensor público, Juan Pérez.
Los expertos enfatizan la importancia de buscar soluciones pacíficas a través de la mediación y los acuerdos extrajudiciales.
Insisten en la necesidad de que las partes involucradas asuman su responsabilidad económica para garantizar el bienestar de los niños.