El gobierno provincial de Salta, liderado por el gobernador Gustavo Sáenz, firmó un acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para la cesión de 41 hectáreas de terreno en Cerrillos.
Las tierras serán destinadas al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para la construcción de nuevas viviendas sociales.
Con estas nuevas hectáreas, el IPV podrá desarrollar nuevas urbanizaciones que den respuesta a la demanda de soluciones habitacionales en la provincia, contribuyendo a disminuir el déficit habitacional, declaró Sáenz durante la firma del convenio, realizada junto al presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Nicolás Alberto Pakgojz.
La reunión contó con la presencia del secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Pazo.
El acuerdo se produce tras una controversia suscitada en 2021 por un proyecto legislativo que buscaba transferir cerca de 600 hectáreas del INTA Cerrillos a la provincia para el plan Mi Lote.
La iniciativa, impulsada por el exdiputado nacional Carlos Selva, generó fuertes críticas por su impacto potencial en las investigaciones científicas y tecnológicas del INTA.
El INTA fue creado para aportar conocimiento y desarrollo a los salteños y al NOA, mediante la generación de innovaciones agropecuarias.
Queremos seguir haciéndolo, pero sin nuestros ensayos, sin nuestros campos, no podemos hacerlo, señaló el director del INTA Salta, Bruno Baldi, en aquel entonces.
Las 41 hectáreas cedidas ahora se encontraban ocupadas por cultivos experimentales de maíz, tabaco, ají y poroto, utilizados para investigaciones en genética y agrotecnologías.
Esas tierras son una herramienta para los trabajos de investigación y desarrollo de tecnologías y la incorporación de genética.
No son tierras ociosas, sino necesarias para el desarrollo de nuestra región, afirmó José Luis Checa, presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta y del consejo del Centro Regional del INTA, en una oportunidad.
El nuevo acuerdo busca encontrar un equilibrio entre la necesidad de viviendas sociales y la preservación del rol del INTA como centro de investigación y desarrollo agropecuario.
Aún quedan preguntas sobre el impacto a largo plazo que tendrá la cesión de estas tierras para la institución.