La tensión entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires se intensifica con el anuncio de la Secretaría de Transporte de dejar de subsidiar las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente en la capital porteña a partir de septiembre.
Esta decisión, que ha sido calificada como política por empresarios del sector, amenaza con desestabilizar el sistema de transporte público y aumentar considerablemente el costo del boleto para los usuarios.
Franco Mogetta, secretario de Transporte, informó ante la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados que la Nación dejará de financiar los 7.000 millones de pesos que se destinan actualmente a subsidiar el 45% correspondiente al gobierno nacional, dejando la responsabilidad total del financiamiento en manos de la Ciudad.
Actualmente el financiamiento es mixto: el 55% desde CABA y el 45% del Tesoro nacional.Pasado a números: el costo que Transporte nacional quiere dejar de cubrir son los 7.000 millones que destina a subsidiar ese 45% que le toca a la Nación, explicó Mogetta.
La Ciudad, por su parte, sostiene que las líneas de colectivos que circulan en su territorio dependen directamente del Gobierno Nacional y que la Secretaría de Transporte tiene la autoridad exclusiva para fijar tarifas, regular el servicio y establecer los mecanismos de subsidios.
La Ciudad ha venido subsidiando al Gobierno Nacional y a sus líneas de transporte público de colectivos, argumentó el Gobierno porteño en un comunicado, reiterando su posición de que la responsabilidad del financiamiento recae sobre el gobierno nacional.
Este conflicto surge en un contexto de tensión política entre La Libertad Avanza y el PRO tras la reaparición de Mauricio Macri, quien ha criticado duramente a la gestión libertaria.
Para Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), si a nivel político no acuerdan, no veo que puedan circular los colectivos a menos que haya un ajuste fuerte en las tarifas.
El Gobierno Nacional evalúa diversas opciones para resolver la situación, incluyendo forzar el traspaso de responsabilidades mediante una medida administrativa o incluso recurriendo a la justicia.