La Sala I de la Cámara Federal de Salta ha confirmado el procesamiento contra el exjuez Raúl Reynoso y el actual fiscal de Orán, José Luis Bruno, por los delitos de cohecho y prevaricato.
Esta decisión se toma en la causa Reynoso IV, donde se estableció que ambos funcionarios recibieron pagos de narcotraficantes a cambio de favorecerlos en investigaciones judiciales.
El fallo, de 243 páginas firmado por los jueces Santiago French, Ernesto Solá Espeche y Renato RabbiBaldi Cabanillas, destaca como central el testimonio del arrepentido Barakat Barakat, quien aportó detalles sobre la trama de corrupción que involucra a Reynoso y Bruno.
No obstante, la Sala I ha emitido un llamado de atención a la fiscalía sobre las posibles responsabilidades penales que le corresponden en este caso, incluso más allá de la figura del colaborador eficaz que se le otorgó a Barakat.
En el mismo fallo, se resolvió sobreseer al secretario del Juzgado de Orán, Gustavo José Adad, y dictar falta de mérito para el secretario de la fiscalía, Luis Francisco Valencia.
Esta resolución confirma en gran parte el procesamiento inicial dictado por el juez Julio Bavio.
Los camaristas han elevado los autos a la Procuración General de la Nación para que evalúe si se deben iniciar acciones disciplinarias, incluso juicio político, contra el fiscal Bruno.
Reynoso, quien renunció al cargo en 2016, ya contaba con otra condena previa.
Según el testimonio del narcotraficante René Antonio Choco Arancibia, un monto de 150 mil dólares fue entregado al Juzgado Federal de Orán, de los cuales 130 mil fueron para Reynoso y 20 mil para Bruno.
Los fondos se habrían entregado en el contexto de la causa Weber, Miguel Ernesto.
En su análisis del caso, la Sala I destaca una resolución inexplicable por parte de Reynoso en 2012, donde procesó y liberó al principal implicado en un caso de narcotráfico a pesar de que este había permanecido prófugo durante 13 meses.
El juez también había denegado anteriormente la libertad de Arancibia en cuatro ocasiones.
En el caso del fiscal Bruno, los magistrados señalan que su inacción ante las falsas, contradictorias y absurdas premisas fácticas utilizadas por Reynoso para liberar a Arancibia constituye un grave error profesional.
Señalan que Bruno debería haber impugnado las decisiones de Reynoso, especialmente considerando la gravedad de la situación y el evidente intento de obstrucción de justicia.
La Sala I también cuestiona la decisión de la fiscalía de no perseguir a todos los involucrados en este caso, incluyendo al propio Barakat Barakat.
Se destaca que, a pesar de haber confesado un delito grave como tráfico de influencias dirigido a dos magistrados federales para liberar a un poderoso narcotraficante, Barakat solo ha sido testigo en el juicio abreviado y no ha sido procesado por sus acciones.
El caso del exjuez Reynoso y el fiscal Bruno refleja una profunda crisis de confianza en las instituciones judiciales argentinas y pone en evidencia la necesidad urgente de reformar los sistemas que regulan la justicia para prevenir futuros casos de corrupción y abuso de poder.