Un inusual trío compuesto por un ex juez federal, un narcotraficante y un abogado fue condenado por delitos de cohecho en una decisión que ha generado revuelo en Salta.
El Tribunal Oral Federal 2, presidido por la jueza María Alejandra Cataldi, dictaminó penas para los tres imputados: Raúl Reynoso recibió cinco años de prisión por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión; Delfín Castedo fue sentenciado a tres años por ser coautor de cohecho activo, falsedad ideológica de instrumento público y concusión; mientras que Luciano Ciscato obtuvo una condena de dos años y seis meses de prisión condicional por los mismos cargos.
Esta sentencia marca un triunfo para la justicia tras una larga batalla legal.En primera instancia, el mismo tribunal había absuelto a los acusados en 2020, pero luego de que la fiscalía apelara la decisión, la Sala IV de Casación anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio.
El fiscal general Carlos Amad celebró la condena, destacando el trabajo realizado por su equipo para revertir la primera sentencia.
Se trata de una victoria para la justicia, afirmó Amad, quien calificó la actuación de Reynoso como parte de una banda que había convertido el juzgado en Orán en un Ducado.
El caso se centra en un ardid ocurrido en 2013 donde Castedo, quien enfrentaba un pedido de captura por su presunta participación en el crimen de Liliana Ledesma, logró obtener una exención de detención gracias a la falsificación de una declaración indagatoria.
Según las investigaciones, Reynoso recibió una coima de parte de Castedo para que se aprobara la medida, con la intervención del abogado Ciscato como intermediario.
La condena contra Reynoso no es su primera experiencia con la justicia.En 2019 fue condenado a 13 años de prisión por delitos de concusión y prevaricato, pero luego obtuvo libertad bajo ciertas condiciones.
La actual sentencia implica un nuevo golpe para el ex juez, quien se enfrenta a una larga pena de prisión.
La condena de Reynoso, Castedo y Ciscato genera un profundo impacto en la comunidad salteña, que ha sido testigo del poderío del narcotráfico y la corrupción dentro del sistema judicial.
El caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia para evitar que estos delitos se repitan en el futuro.