La Secretaría de Transporte de la Nación anunció una medida que generará un impacto significativo en el transporte público de Buenos Aires: a partir de septiembre, 31 líneas de colectivos dejarán de recibir subsidios gubernamentales.
La decisión implica que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumirá la responsabilidad completa del costo y la gestión de estas rutas.
Concomitantemente, se implementará un nuevo aumento en el precio del boleto de colectivo, fijándose en 370 pesos.
Este incremento, acompañado de la eliminación de los subsidios, ha generado preocupación en el sector transporte y entre los usuarios, quienes enfrentan una situación financiera cada vez más precaria.
La eliminación de subsidios sin una compensación tarifaria adecuada pone en grave riesgo la continuidad del servicio, declaró Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).
El nuevo esquema tarifario, que entrará en vigencia el 12 de agosto, presenta variaciones según el tramo recorrido y si se utiliza una tarjeta SUBE registrada o no.
Para los usuarios con SUBE registrada, los precios oscilan entre 370 pesos para tramos cortos de hasta 3 kilómetros, llegando a 506,83 pesos para trayectos superiores a 27 kilómetros.
Para aquellos que no cuentan con la SUBE registrada, las tarifas aumentarán aún más, alcanzando los 805,04 pesos para trayectos superiores a 27 kilómetros.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, emitió un comunicado destacando la competencia exclusiva de la Secretaría de Transporte de la Nación en materia de fijación de tarifas, regulación del servicio, concesión de permisos operativos, autorización de recorridos, determinación de frecuencias, establecimiento de subsidios, y mecanismo de pago en las empresas.
AAETA argumenta que la falta de un diálogo previo con el sector privado sobre la eliminación de subsidios y la magnitud del aumento tarifario genera incertidumbre y amenaza la viabilidad del sistema.
Fusaro afirmó que sin una intervención urgente por parte del Gobierno, la situación se torna insostenible.
Para asegurar el funcionamiento del servicio, la AAETA solicita un cuadruplicado del precio del boleto, elevando el costo mínimo a 1.080 pesos.
La eliminación de subsidios y el aumento del boleto generan preocupación no solo en el sector transporte, sino también entre los usuarios que se enfrentan a una situación económica difícil.
Las 31 líneas afectadas representan un importante porcentaje del sistema de transporte público de la Ciudad, lo que podría generar disrupciones significativas en la movilidad de miles de personas.
La incertidumbre sobre el futuro del transporte público y las posibles consecuencias económicas para los ciudadanos son temas centrales que demandan soluciones urgentes por parte del gobierno nacional y local.