La provincia de Salta enfrenta un preocupante aumento en las denuncias por violencia de género.En 2023 se registraron 26.734 casos, lo que equivale a una denuncia cada hora.
Este número representa casi el doble de las denuncias recibidas en 2016 (14.695) y refleja una tendencia al alza sostenida desde entonces, con un salto significativo en 2019 (21.707 denuncias), seguido por un aumento durante la pandemia del año 2020 (21.937 denuncias).
Según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, este incremento se debe, en parte, a la obligatoriedad legal para ciertos profesionales como médicos, docentes y personal de salud y educación, reportar cualquier acto de violencia conocido dentro de un plazo de 72 horas, tal como establece la Ley 7.888 de Protección contra la Violencia de Género.
El aumento en las denuncias se debe a mayor concientización y a que se están aplicando leyes que obligan a ciertos actores sociales a reportar situaciones de violencia, explicó Ana Pérez Declercq, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres.
La respuesta estatal se enfrenta a desafíos importantes.
La falta de recursos ha afectado severamente la capacidad de brindar asistencia a las víctimas.
El desfinanciamiento de programas como Acompañar y Generar, que brindaban apoyo económico y fortalecían las áreas de género en los municipios, dificulta la atención inmediata a las víctimas, especialmente en casos de emergencia que requieren alojamiento seguro.
La falta de recursos impide ofrecer asistencia inmediata, como alojamiento en casos de emergencia, y dificulta el acompañamiento psicológico y social que las víctimas requieren, advierte Pérez Declercq.
A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos diez años para combatir la violencia de género en Salta, con políticas como el Polo Integral de las Mujeres, fiscalías especializadas y unidades de delitos contra la integridad sexual, su sostenibilidad y efectividad dependen en gran medida del financiamiento adecuado.
Pérez Declercq resalta la necesidad de un enfoque preventivo a largo plazo que incluya la capacitación de docentes y la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) para cuestionar los estereotipos de género que perpetúan la violencia.
El caso de la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los programas de asistencia y prevención, asegurando que este problema siga siendo una prioridad en la agenda pública y estatal.