Por primera vez en el presente año, el gobierno nacional, liderado por Javier Milei, omitió la entrega del Aporte del Tesoro Nacional (ATN) a las 24 provincias del país.
Este hecho, según un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco basado en datos oficiales, evidencia una profunda reconfiguración de la política financiera estatal, con potenciales repercusiones significativas para el funcionamiento administrativo y financiero de las provincias argentinas.
El ATN, un fondo destinado a brindar apoyo en situaciones de emergencia, ha sido históricamente distribuido de forma irregular por los gobiernos.
Su disminución drástica en 2024 representa una ruptura con precedentes recientes.Hasta la fecha, solo se han transferido 7,5% del total del fondo, equivalente a 349.087 millones de pesos.
Esta cifra marca el nivel más bajo desde 2019, cuando la distribución alcanzaba el 5,5%.
Las provincias más beneficiadas por los aportes recibidos hasta ahora son Misiones, con un monto de 9.000 millones de pesos; Chubut, con 4.500 millones; Entre Ríos, con 3.800 millones; Santa Cruz, con 3.000 millones; Tucumán, con 2.000 millones; Jujuy y Santa Fe, con 1.500 millones cada una, y Corrientes, con 1.000 millones.
La política económica del gobierno de Milei ha generado un clima de incertidumbre en las provincias, que se ven obligadas a ajustar sus presupuestos y buscar alternativas para financiar proyectos esenciales.
Esta reducción drástica en los fondos federales nos deja en una situación extremadamente vulnerable, declaró un gobernador de provincia anónima, expresando la preocupación generalizada entre las autoridades provinciales.
El análisis de Politikon Chaco revela que las transferencias no automáticas del Estado nacional a las provincias experimentaron una caída significativa en julio.
En términos nominales, las transferencias devengadas bajaron 80,2% respecto al año anterior, y en términos reales, la disminución llega al 94,6%.
Las transferencias pagadas también mostraron una merma considerable, con una baja del 38% nominal y del 82,9% real.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de las provincias argentinas y su capacidad para cumplir con sus obligaciones frente a la ciudadanía.
Esta política fiscal puede tener consecuencias negativas para la prestación de servicios públicos esenciales, advierte un economista especialista en finanzas públicas.
Si no se encuentran soluciones alternativas, podríamos ver una escalada de problemas sociales y económicos en el corto plazo.
La decisión del gobierno de Milei de reducir drásticamente los fondos destinados a las provincias ha generado una crisis financiera que amenaza con desestabilizar la economía provincial.
La incertidumbre persiste mientras las autoridades nacionales y locales intentan encontrar mecanismos para afrontar esta nueva realidad.