Trabajadores de la Dirección General de Rentas (DGR) que se convirtieron en amparistas por reclamar el pago íntegro del Fondo Estímulo, denunciaron penalmente a Mercedes Uldry, directora del organismo, junto con otros funcionarios del Poder Ejecutivo, por retener parte de sus salarios.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio interviene en el caso.
Desde enero, los empleados dejaron de percibir el 75% del Fondo Estímulo, que consideran un componente esencial de su salario.
La denuncia, realizada bajo cargos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y demora injustificada de pago, también alcanza a Eilif Riisse, secretario de Gestión de Recursos Humanos; Pablo Blanco, subsecretario de Sistemas Integrados de la Secretaría de Recursos Humanos; y Soledad Claros, secretaria de Ingresos Públicos de la Provincia.
La ley 8417 de Emergencia Económica no modificó o derogó el artículo 380 del Código Fiscal que crea el Fondo Estímulo, explicó John Grover Dorado, abogado patrocinador de los amparistas, al referirse a la polémica normativa.
La ley solo modifica dos artículos de la ley de Emergencia Económica de 1989, que desde entonces se prorrogó ilegalmente.
Grover Dorado agregó que la ley 8416, además de prorrogar la emergencia, extiende el presupuesto de 2023, un año superavitario.
Ese superávit equivale a la mitad de los sueldos que cobraron los empleados provinciales en 2023, afirmó.
Según el letrado, la ley autoriza al Ministerio de Economía a modificar el presupuesto para incrementar salarios durante 2024.
Es imposible que se les rebajen los sueldos porque ningún artículo menciona dicha reducción, argumentó Dorado.
La denuncia contra Uldry se basa en su conocimiento del Código Fiscal y en su falta de cumplimiento con lo establecido al respecto.
También denunciamos a otros funcionarios porque en la conciliación obligatoria, querían modificar el artículo 380 por seis meses, reduciendo el Fondo Estímulo un 20% y luego regresar a la normalidad, señaló Dorado.
A pesar de que los gremios no aceptaron esta propuesta, se descontó un 10% en enero, 20% en febrero y un 75% en marzo, lo que llevó a la acción legal por amparo.
La retención del Fondo Estímulo genera preocupación entre los trabajadores, quienes consideran que se les está primando el pago de otras áreas del presupuesto.
Hay demora injustificada de pago porque la Dirección de Rentas sigue retuvieron el monto del Fondo Estímulo pero no lo paga, explicó John Grover Dorado, incumpliendo con lo establecido en el Código Fiscal.
Resaltó que la retención no se asigna a ningún destino específico.Según datos proporcionados por los amparistas y corroborados en el sitio web de la DGR, la entidad recaudó más de 150 mil millones de pesos durante los primeros cuatro meses del año.
La situación actual afecta emocionalmente a los trabajadores que perciben una disminución significativa en sus ingresos, generando incertidumbre sobre su futuro económico.