La provincia enfrenta una preocupante escalada en el número de niños en situación de riesgo.De acuerdo a datos oficiales, este ha triplicado en comparación con el año anterior.
Este escenario fue expuesto durante el encuentro intersectorial que culminó el Mes de las Infancias, organizado por la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.
El subsecretario de Niñez y Familia, Cristian López Traficando, subrayó la necesidad de visibilizar estas cifras para concientizar a la sociedad sobre la magnitud del problema: Durante este mes desarrollamos actividades enfocadas en mejorar la calidad de vida de los niños, pero también hemos tenido que realizar 11.400 intervenciones directas.
De estas intervenciones, un preocupante porcentaje (2.3%) requirió medidas más drásticas como la separación temporal de los menores de sus familias debido a situaciones de abuso o negligencia.
Los casos más alarmantes son aquellos donde las madres recurren a la venta ambulante con sus hijos, reveló López Traficando, quien agregó que esta situación se ha triplicado en comparación con el año anterior.
Las causas de esta vulnerabilidad son diversas, pero se destaca el desinterés parental, los problemas de salud como el consumo problemático y las dificultades socioeconómicas.
La Subsecretaría de Niñez y Familia ha implementado programas para abordar estas problemáticas, incluyendo una línea telefónica de atención las 24 horas para recibir denuncias de vulneración de los derechos de los niños.
En colaboración con Unicef se han creado programas específicos para familias de paso que acogen temporalmente a niños sin vínculo familiar previo, buscando así recomponer sus unidades familiares.
La Secretaría trabaja en conjunto con el COPRETI (Centro Provincial de Rehabilitación Integral) para prevenir el trabajo infantil rural y combatir el tráfico sexual infantil.
Estas acciones se enmarcan dentro de un sistema integral de protección que busca garantizar la seguridad y el bienestar de los niños más vulnerables.
La magnitud del problema exige una mayor inversión en programas sociales y una mayor consciencia ciudadana para erradicar estas situaciones de riesgo.